ESCUCHAREl Máximo Tribunal en lo Penal rechazó, por inadmisible, el recurso de la defensa del ex funcionario en la causa “Sueños Compartidos”. Ahora, el ex titular de Planificación quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral junto a otros incriminados en el expediente, como los hermanos Schoklender
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, en la causa “Sueños Compartidos”.
Lo resuelto por el Máximo Tribunal en lo Penal del país -que rechazó el recurso promovido por su abogado, por inadmisible- implica que el ex funcionario quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral junto a otros incriminados en el expediente, como los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y el ex secretario de Obras Públicas, José López.
De Vido fue procesado por la Sala I de la Cámara Federal porteña el 30 de mayo. Al desestimar el planteo de su letrado, los camaristas Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani indicaron que el fallo cuestionado no es una sentencia definitiva ni equiparable a tal. “La defensa no logró demostrar la existencia de un agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior”, agregaron.
Al encartado se le enrostra la presunta comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.
En su momento, el juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, había dictado la falta de mérito para De Vido, pero su decisión fue revocada por la alzada, un paso que avaló la Casación.
Mientras aguardaba el fallo de Borinsky y Gemignani, Martínez De Giorgi inició los trámites para enviar a debate a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, pero la fiscal de la causa, Paloma Ochoa, la excluyó de su dictamen porque consideró que resta ordenar prueba para determinar su participación en los hechos.
Maniobra
En la causa se investiga la maniobra mediante la cual varios sujetos utilizaron la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en presunta connivencia con funcionarios públicos, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas para la construcción de viviendas sociales, parte de los cuales fueron desviados.
Según sospecha la Justicia, más de 200 millones de pesos se transfirieron desde la dependencia que comandaba López a jurisdicciones locales y, luego, a distintas cuentas bancarias de la fundación.
La pesquisa comenzó en junio de 2011, luego de que en mayo el periodista del diario Clarín Nicolás Pizzi publicó una nota en la cual relató una disputa entre los hermanos Schoklender por el manejo de los fondos que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le enviaba a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
El ex juez federal Norberto Oyarbide se quedó con el expediente, pero la causa no tuvo avances. Años más tarde, Martínez de Giorgi reactivó las actuaciones.
