Corredores públicos inmobiliarios aseguran que la nueva Ley de Alquiler es perjudicial para el inquilino

Advierten de que la norma terminará siendo negativa para todos los sectores, incluidos aquellos a los que “supuestamente beneficia”. Aseguran que se tratan de prácticas “demagógicas y populistas”, que conducirán a la quita de propiedades del mercado, a la suba de precios de los inmuebles y a la retracción del inversor

Corredores públicos inmobiliarios indican que la norma presentada por Mauricio Macri -que tiene media sanción del Senado- perjudica a todos los sectores, especialmente a los inquilinos, porque los costos se trasladarán a los precios y habrá menos oferta de propiedades. El impacto será negativo para el propietario, desarrollista e inmobiliario, en tanto el mercado se verá resentido. Lo que aparentemente es “favorable”, en la realidad es “demagógico”, aseguran.
Alertan sobre el punto que establece que el propietario debe absorber los gastos del alquiler, es decir los honorarios de los inmobiliarios y la certificación de firmas, asegurando que esos costos los terminarán trasladando a los precios, impactando en el inquilino.
“No se van a ver favorecidos como se interpreta, todos los propietarios que vayan a absorber los costos como impuestos y los certificados de firmas, los van a volcar al precio, entonces, lo que parece favorable a la vista, no lo es”, aseguró Miriam Pagani, corredora pública y vicepresidente segunda del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba.
Por su parte, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Córdoba (CPCPI), Leonardo Frankenberg, coincidió con su colega, al tiempo que recordó que desde la institución, bregan en la Legislatura Provincial para que los honorarios sean pagados en partes iguales, 50% por el locador y 50% por el locatario.

Un tema polémico y aún más sensible es el de las garantías, sobre el que la nueva ley indica ampliación de éstas a favor del locatario, es decir, que los dueños deberán aceptar como garantía un aval bancario, un seguro de caución o una garantía personal que podrá ser un recibo de sueldo, o un certificado de ingresos.
“Con esta apertura se abre un nuevo negociado con los seguros de caución, los que, de acuerdo al monto final del contrato, se van a tener que pagar en uno o dos meses. Nada es gratis, todo tiene un costo”, dijo Pagani, quien contó que en los últimos días recibió varios llamados por parte de empresas que se dedican a expedir este tipo de garantías.
Al respecto, Frankenberg aseguró que es un tema “muy sensible el hecho de que el propietario no pueda pedir una garantía que responda”, porque, en caso de falta de pago, el propietario no tendrá a quién reclamar. “Bajo estas condiciones y teniendo en cuenta que el juicio de desalojo se desarrolla a lo largo de un año, y previendo los daños que sufren los inmuebles, el propietario se preguntará si es conveniente o no alquilar”, agregó por su parte Pagani.
Otro punto de quiebre es la duración mínima del contrato, que en la nueva norma se extiende de dos a tres años. “Si los alquileres acompañaran la inflación, no sería problema, pero -a título personal- cuando la renovación hoy a dos años conlleva una aumento de entre 25% a 30%, para cubrir los tres años de inflación, se iría casi a 50%”, dijo Pagani, señalando que este “tipo de medidas son buenas para países de economías estables”
En ese sentido, el presidente del CPCPI advirtió de que -si se aprueba el contrato mínimo a tres años- impactaría de lleno a los que tributan en Córdoba, porque una vez que un contrato de alquiler supera el monto de $250.000, se debe pagar el impuesto al sellado equivalente a $3.800.

Retracción del mercado y aumentos de precios
Con todo, los especialistas vaticinan que a falta de garantías y seguridades para el propietario, el mercado de alquiler se verá resentido, saldrán de la oferta las propiedades en renta y las pocas que permanecerán, lo harán a valores aumentados. Por su parte, el inversor replanteará su decisión de comprar un inmueble para la renta, porque baja la rentabilidad y desalienta la seguridad del negocio.
“El mercado a principios de años se presentó favorable, pero ahora estamos en una meseta decaída, en donde el inversor se retrae porque para él no es rentable comprar un inmueble. Muchos propietarios retirarán sus propiedades del mercado de alquiler y las pondrán a la venta, no sabiendo tampoco quiénes las pueden comprar”, consideró Pagani.

“Demagogia y populismo”

“Son medidas demagógicas porque 2019 es un año electoral, quieren buscar el voto de los inquilinos, pero su contraparte, la de los propietarios, está muy molesta”, asintió Pagani, quien -como corredora pública- insistió en su mirada imparcial y equilibrada, en tanto, el propietario y el inquilino, son “sus clientes”.
“Al igual que pasó en Buenos Aires (con la aprobación de la ley N° 5859 en la Ciudad Autónoma) , aumentarán los precios y va a haber menos propiedades disponibles. Pasará lo mismo que la Ley de Alquiler en la época de Perón; es una medida populista que intenta congraciarse con un sector, dañando en realidad a quienes invierten y a todos los sectores, al constructivo, a los proveedores, al inmobiliario. Más de 250 mil familias lo terminarán
pagando”, enfatizó Frankenberg, quien alertó que -en realidad- lo que se necesita son “políticas reales de acceso a la vivienda y que el salario recupere su valor”. El directivo vertió sus declaraciones minutos antes de ingresar al Congreso, en donde, en representación de Córdoba y otras provincias, alertará a los Diputados sobre los perjuicios de la ley en caso de que se aprueba.

Exhortan a legisladores a que sean responsables

Al respecto, el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba emitió un comunicado en el que exhorta a los legisladores y autoridades nacionales a que ejerzan con responsabilidad el rol para el que han sido elegidos y dejen de hacer “política” con el derecho de los ciudadanos.
Recuerda que en la Provincia de Córdoba rige la legislación local en materia de corretaje y el pago de este servicio profesional, como materia reservada a las Provincias. Como tal, asegura que el Congreso de la Nación no tiene facultades para disponer sobre competencias propias de los Estados provinciales.
Por otro lado, añade que “resulta absurdo que el Estado intervenga en el ámbito de libre negociación, propio de los particulares, en tanto está demostrado que cada vez que el Estado anuncia una medida de este tipo, produce un resultado opuesto, perjudicando a quienes dice proteger”
Asimismo, agrega un punto en relación al desaliento de las inversiones. “La construcción tiene un costo elevado y la relación entre la renta que puede producir un inmueble y la inversión realizada y su mantenimiento, a lo que se adiciona las altas tasas impositivas, no promueve la oferta de viviendas. Si a esto se suma que el proyecto tiende a cargar más sobre el propietario los costos de la puesta en locación de su inmueble, ello generará una mayor disminución de la oferta de viviendas, como así también es probable que incremente el precio de las locaciones, con lo que no habrá beneficios para ninguna parte del contrato. Además, se perjudicará a los profesionales del sector inmobiliario y, probablemente, acrecentará el ejercicio ilegal de la profesión”.
Por ello, el Colegio solicita que se haga “un análisis serio de la realidad y que no se avance sobre competencias propias de los Estados provinciales, considerando que desde Buenos Aires no se observa con claridad, la realidad de cada zona en este país que se dice federal”.

En búsqueda de una solución para todos los integrantes del sector inmobiliario

Por su parte, Leonardo Frankenberg y la vicepresidente de CPCPI, Virginia Manzotti, se reunieron con los diputados cordobeses y sus asesores y entregaron personalmente al diputado Daniel Andrés Lipovetzky las sugerencias para que la Ley de Alquileres pueda ser una solución para todos los integrantes del sector inmobiliarios, inquilinos, profesionales CPI, propietarios y desarrollistas. “El sector inmobiliario necesita que todos sus protagonistas encuentren las mejores opciones, sobre la base de un equilibrio saludable que potencie lo mejor de cada protagonista y mejore las condiciones de todos, pero principalmente otorgando previsibilidad y seguridad jurídica a todo el sector”, indicó en un comunicado.

“Proteger a 30% de la población”

Por su parte, la organización Inquilinos en Córdoba, emitió un comunicado en el que asegura que es necesario avanzar en la protección de los inquilinos, que representan casi 30% de su población, con lo que deja de manifiesto su total acuerdo con la modificación de la ley.
“El impacto económico que perjudica el bolsillo se puede ver en circunstancias como el pago una comisión inmobiliaria cada dos años (también se cobra cuando se renueva que es una simple modificación de datos en el contrato); la afectación mensual de casi 50% de un salario promedio de una persona que alquila (sin tener en cuenta expensas ni impuestos); el pago mes de depósito y alquiler adelantado, lo cual nos lleva a ahorrar con casi seis meses de anticipación o en su defecto sacar un crédito bancario con las altas tasas que tiene para poder pagarla”, indicó la agrupación.
Aseguran que el traslado de gastos de informes y la certificación de firmas al inquilino, generan un monto, que muchas veces, llega a “representar casi cuatro alquileres”.
Por lo expuesto, la agrupación, que se hizo presente en el día de ayer en el marco del tratamiento de la Ley en la Comisión en Diputados, ratificó su principal pedido, “que la comisión inmobiliaria sea a cargo del propietario”.
De igual modo, la Organización de Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (Adcoin) emitió un comunicado en el que aclara que, si bien la ley ha tomado como base el trabajo de las organizaciones de inquilinos, motivo con el cual están de acuerdo, difieren en el punto de la aplicación de índices al precio de los alquileres.