Manuel Agustín de Allende, abogado especialista en derecho tributario, recordó que los magistrados tienen en sus manos numerosas herramientas para sancionar a las firmas. Pidió severidad con los empresarios pero prudencia con las compañías, porque consideró que “al final del día son de sus trabajadores”
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
La causa vulgarmente denominada de los cuadernos abrió una caja de Pandora con consecuencias difíciles de dimensionar y cuyas responsabilidades penales para las empresas aún son inciertas.
La normativa argentina prevé fuertes sanciones para las compañías que cometan delitos de lavado de activos o evasión impositiva, que podrían llegar hasta la cancelación de la personería jurídica. Detrás de los arrepentidos y la situación procesal de cada uno de los empresarios involucrados están las empresas, alertó a Comercio y Justicia, el abogado Manuel Agustín de Allende.
El curso de la investigación, el uso figura del arrepentido y el futuro de empresarios y compañías involucrados son analizados en esta entrevista brindada en exclusiva a este medio por el especialista en Derecho Tributario y Penal Económico.
-¿Qué evaluación hace sobre la denominada causa de los cuadernos?
-El tema de los cuadernos es una causa que no tiene comparación ni parangón con ninguna que hayamos conocido en la historia judicial argentina y la velocidad que está teniendo es terrible. Estamos en presencia del uso masivo de una figura -el arrepentido- que no se había usado mucho en Argentina y que en Córdoba se usó en el caso de CBI, por ejemplo. Hay mucha experiencia en la justicia federal para el narcotráfico pero para este tipo de delitos, no. Habrá que ver qué sale de ahí.
Por otra parte, si bien en esta investigación no es aplicable la nueva ley de Responsabilidad Penal Empresaria, sí lo son las otras dos leyes que prevén las mismas sanciones y que fueron sancionadas durante el kirchnerismo: el paquete antiterrorista, de junio de 2011, y la reforma de la ley penal tributaria, de diciembre de 2011. Las sanciones van desde multas a la suspensión de la actividad o licencia de la empresa, la imposibilidad de participar de licitaciones e incluso la cancelación o supresión de la personería jurídica.
-¿Y qué opina sobre la estrategia que están utilizando los empresarios para declarar ante el juez Bonadio?
-Yo creo que el enfoque que les han dado los abogados a los arrepentidos de decir que son aportes de campaña “en negro” -para salirse del cohecho- los coloca en un problema mayor, que es el lavado. No están viendo el panorama completo porque si a ese empresario aportó dinero para una campaña, ese dinero no le cayó del cielo, en algún momento lo evadió o lo lavó; entonces es un discurso que creo que les va a traer problemas.
-Carlos Wagner es el primero que decidió salirse de ese camino…
-Sí, Wagner se salió del esquema que parecen haber tenido, en una curiosa coincidencia, todos los otros arrepentidos. La declaración de Wagner los va a colocar en una situación muy comprometedora porque si lo que Wagner dice es verdad -y se puede probar- significa que los otros arrepentidos no dijeron todo o lo dijeron erróneamente. O mintieron. Y si mintieron podrían tener problemas con la ley del arrepentido, que trae sanciones independientes.
-¿Qué pasa con las empresas mencionadas en estos cuadernos?¿En qué situación quedan?
-En este esquema parecería que, aun siendo cohecho, hay un tema de violación a la ley de Responsabilidad Penal Empresaria y a la ley Penal Tributaria. Hubo un manejo de dinero “en negro” e incluso se han violado disposiciones cambiarias porque tenían dólares por fuera del Mercado Único de Cambios.
-¿Le parece que es factible que la Justicia avance y logre probar la responsabilidad de los empresarios y las empresas?
-Estos delitos se pueden probar, principalmente si AFIP puede detectar ciertas cuestiones. No es fácil probar la evasión tributaria; generalmente quien evadió lo ha hecho dentro de la marginalidad y conseguir documentación o soporte probatorio es difícil, pero no es imposible, más aún cuando hay un aporte de parte. Habrá que verificar el tema de la trazabilidad, de cuánto declararon en efectivo los socios o directores de las empresas, convengamos que si esto era coima o dinero de campaña, era dinero no declarado.
Lo que sí creo que nadie está merituando son las responsabilidades que van a tener las empresas. Yo apelo a la prudencia de los jueces porque el repertorio de sanciones que pueden aplicarles es gravísimo. Hoy todos están pensando en la prisión preventiva, se negocian acuerdos con el fiscal en función de si liberan o no a los empresarios. Por mencionar un ejemplo, en el caso Lava Jato, en los primeros dos años de la investigación se recaudaron tres mil millones de dólares en multas y tuvo efectos en la economía. A mí me preocupa qué van a hacer los jueces con estas empresas en un país en que lo que más necesita son empresas y trabajo. Entonces, espero que sea sean muy rigurosos con los culpables pero que salven a las empresas.
-¿Cree que hay posibilidad de que se procese la cancelación de personerías jurídicas de algunas compañías?
– Apunto a la prudencia de los jueces que tienen muchas herramientas con estas leyes. Pueden ser rigurosos con los empresarios, afectar 100% sus patrimonios personales pero no afectar las empresas que, al final del día, también son de los trabajadores.
“Me gustaría que agilicemos los procesos, que tengamos un poder político que no interfiera en el Poder Judicial. Las leyes no son tan malas como a veces creemos; nos falta aplicación de éstas, y hay que tener cuidado con aquellas que les dan exorbitantes atribuciones a los jueces porque nos hacen después descansar en pedidos de fe”.