Madre de un niño con Síndrome de Touret podrá cultivar cannabis

La jueza federal de Viedma (Río Negro), Mirta Filipuzzi, hizo lugar a la cautelar innovativa interpuesta por la madre y los abuelos de un niño que padece Síndrome de Tourette -trastorno neurológico que produce tics motores y vocales involuntarios- y los autorizó a cultivar plantas de cannabis con exclusivo destino medicinal.
La magistrada sentenció según el dictamen conjunto de los fiscales Marcos Escandell y Diego Iglesias -titulares de la Fiscalía Federal de Viedma y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar)-, quienes opinaron que la medida debía ser concedida porque hay una ley nacional reglamentada que habilita el uso de cannabis y sus derivados con fines terapéuticos.
Además, consideraron que estaba acreditada la verosimilitud del derecho ya que los medicamentos farmacológicos prescriptos por los médicos tratantes del menor fueron ineficaces. También tuvieron por probado el peligro en la demora, ya que el Estado nacional aún no pudo garantizarle al niño la provisión gratuita e ininterrumpida del aceite de cannabis porque se encuentra en proceso de implementación el “Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales”, y la inscripción allí requerida demandará un proceso durante el cual el infante no puede suspender su tratamiento.
En lo atinente a una posible infracción a la Ley de Estupefacientes, citaron un precedente de la Provincia de Salta, en el que se estableció que la autorización para cultivar cannabis en un domicilio particular se solicita con el exclusivo fin de producir la única medicación que calma los padecimientos de un niño, situación que encuadra en aquellas conductas o acciones privadas que la Constitución Nacional ha querido proteger y garantizar dejándolas exentas de la autoridad de los magistrados, en virtud de que permanecen en el ámbito íntimo y no afectan los derechos de terceros.
La magistrada señaló que la cautelar estará vigente mientras el Estado no garantice la provisión de los productos medicinales para el pequeño.