ESCUCHARSe investiga el presunto pago de sobornos a integrantes de la estructura del Ministerio de Planificación Federal, para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra de soterramiento del Sarmiento
Por unanimidad, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal porteña y tuvo por parte querellante a la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa en la cual se investiga el presunto pago de sobornos por parte del Grupo Odebretch y socios locales a funcionarios públicos integrantes de la estructura del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra de soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito- Moreno, de la Línea Sarmiento, acto administrativo que benefició al consorcio integrado por las firmas Iecsa, Constructora Norberto Odebretch SA, Ghella Societa Per Azioni y Comsa.
El tribunal sostuvo que “la capacitación técnica específica de la UIF redundaría en un aporte orientado a los fines para los que se encuentra instituida, tanto más frente a maniobras criminosas como las pesquisadas -graves ilicitudes en la adjudicación y continuidad de obra pública-, que demandan de los ingentes esfuerzos del organismo antilavado en el cumplimiento de sus deberes, de modo de garantizar la persecución y sanción de la totalidad de funcionarios públicos y agentes privados responsables”.
La UIF fue creada en el año 2000 por la Ley de Lavado de Activos de origen delictivo (25246) y funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.
Es la encargada del analizar, tratar y transmitir información a fin de prevenir e impedir el delito de lavado proveniente de la comisión de ilícitos, entre los cuales se encuentran los cometidos contra la Administración pública.
