ESCUCHARLa licitación debía abrirse días atrás. Pero se dio de baja “hasta nuevo aviso”. “Vamos a esperar mejores condiciones”, admitió a Comercio y Justicia el ministro Ricardo Sosa. Es el primer proyecto que cae producto de la incertidumbre económica y su impacto en la recaudación. También quedaron en suspenso dos acueductos fondeados por Abu Dhabi
Por Alfredo Flury – [email protected]
La licitación para construir la ampliación del Centro Cívico, cuya apertura dos veces prorrogada debía ocurrir en las últimas horas, fue suspendida sin fecha y quedó por ahora desactivada producto del impacto de la crisis en el horizonte de ingresos de la Provincia.
La decisión de dar de baja “por ahora” esa obra emblemática fue confirmada a Comercio y Justicia por el ministro de Obras Públicas y Financiamiento, Ricardo Sosa.
“El proyecto está listo y sólo hace falta convocar a una nueva licitación para reactivarlo, pero por ahora queda suspendido”, confirmó el funcionario.
Sosa indicó que se trata del único proyecto en esta condición.
“El resto de las obras sigue adelante”, aclaró.
Sin embargo, en rigor, no es el único proyecto de peso que queda en suspenso.
Según pudo conocer este medio, también en las últimas horas se resolvió dejar sin efecto por el momento las licitaciones de dos acueductos que iba a financiar un fondo de Abu Dhabi, luego de un acuerdo al que llegó el Gobierno provincial con los Emiratos Árabes Unidos.
El proyecto integral incluía un préstamo de 50 millones de dólares cuyo perfeccionamiento había sido gestionado por el gobernador Juan Schiaretti a fines de febrero pasado.
En cuanto a la ampliación del Centro Cívico, la iniciativa había sido lanzada originalmente a fines del año pasado y, de hecho, fue licitada a comienzos de 2018.
Las empresas que se habían anotado eran Electroingeniería, Teximco, Constructora Delta, Riva, AMG Obras Civiles, y el Consorcio de Cooperación Cova SA, Estructuras SA e Ingeniería SRL.
Entonces, el presupuesto era de 322,3 millones de pesos para construir un edificio de 8.900 metros cuadrados en siete pisos, donde se reunirían todos los ministerios que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad, que no tienen lugar hoy en el Panal.
El plazo de ejecución del proyecto original era de un año.
“Es importante que vayamos concentrando las funciones del Estado provincial y facilitar la atención de los ciudadanos”, argumentó el 20 de diciembre pasado el gobernador Schiaretti, al momento se presentar el proyecto.
Junto con la ampliación se construiría un área verde de 1.900 metros cuadrados y un puente entre barrio General Paz y el centro, en la intersección de calle 25 de Mayo con el Bv. Perón, este último actualmente en ejecución.
Sin embargo, de manera sorpresiva, la Provincia resolvió dar de baja la licitación.
En aquel momento, el propio Sosa señalaba a este medio que la decisión obedecía a la necesidad de sumar más oferentes a tenor de un cambio de norma que les exigía una garantía desmedida, que restringía la comparecencia de más compañías.
También, en la determinación de modificar los pliegos para permitir que el vidriado externo del futuro edificio pudiera aprovechar los rayos solares para generar energía, aspecto que no aparecía especificado en las bases originales.
“Vamos a volver a lanzar la licitación en los próximos días”, anticipó entonces.
Efectivamente, esa decisión se tomó días después aunque con otro presupuesto.
Esta vez, la obra salió con una base de 349,4 millones de pesos, 8,4 por ciento por encima del presupuesto original.
La fecha de apertura prevista para el 7 de junio se postergó luego una vez más y, finalmente, ahora quedó desactivada.
En rigor, el monto no parece prohibitivo a tenor del volumen de fondos que hoy destina la Provincia para el plan de obras públicas en marcha.
La Provincia, sin embargo, optó por desactivar el proyecto en un contexto de retracción económica y con un impacto sobre la recaudación que ya se siente, sumado al cierre del mercado externo para la emisión de deuda y a la decisión del Gobierno nacional de limitar el envío de fondos ya comprometidos para diferentes obras .
La intención original era fondear esa iniciativa con los recursos que surgieran de la venta de inmuebles públicos ociosos o bien de aquellos ministerios que fueran a quedar vacantes tras la mudanza al futuro edificio que se ubicaría contiguo al actual Panal.
Esa estrategia, adelantada por Comercio y Justicia un año atrás, se fue demorando en el tiempo.
Y hoy no es el mejor momento para salir a vender inmuebles en un contexto de alta volatilidad del dólar y donde hay retracción de todas las operaciones inmobiliarias.
De hecho, aún no se conoce el listado de esas propiedades que saldrían a la venta. En su momento, este medio adelantó que, entre otras, estaban un campo anexo a la Colonia Emilio Vidal Abal de Oliva que ya supo ofrecerse en tiempos de la ex Corporación Inmobilaria Córdoba (Corincor), aunque sin éxito. También de aquella etapa, se sumarían varios lotes o inmuebles ubicados en el interior de la provincia
Asimismo, se analizaba sumar a la actual sede del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, ubicado sobre Cañada, entre boulevard San Juan y Duarte Quirós, en la ciudad de Córdoba. Esa cartera sería una de las que se trasladarían al futuro anexo del Centro Cívico.
Por lo demás, fuentes de las empresas constructoras admitieron que la baja de esa licitación y de los dos acueductos es una señal de alerta respecto a la posible retracción de la obra pública, admitida por el Gobierno nacional pero también por la Provincia.
De todas formas y respecto a los pagos, aseguraron que ya se activó la línea de descuentos de certificados de obra lanzada por el Banco de Córdoba por un total de $5 mil millones.
Línea Bancor
La línea de crédito de Bancor contra certificaciones de obra de contratistas de la Provincia ya se activó y “funciona de manera dinámica”, según admitieron a este medio fuentes de la Cámara de la Construcción. La iniciativa cuenta con un fondeo de 5 mil millones de pesos para gestionar créditos de hasta 36 meses, para el caso de obra pública, y de hasta 12 meses para proveedores de otros servicios. La estrategia fue diseñada por el Gobierno provincial para paliar los eventuales atrasos en el pago de certificaciones de obra que, de acuerdo con la normativa vigente, no deben exceder 60 días desde la presentación.
