ESCUCHAROrganizaciones civiles aseguran que va a contramano de la efectividad de este tipo de demandas y que implicará un retroceso
El borrador de la Ley de Procesos Colectivos no llegó aún al Congreso pero ya despertó una fuerte polémica. Un grupo de organizaciones expresó su “preocupación por el contenido” de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional, que busca ordenar el proceso de las acciones que tienen por objeto cuestiones de afectación colectiva.
Mediante un comunicado, 29 organizaciones de derechos humanos y de consumidores rechazaron el proyecto. “No sólo no resuelve ni reduce los graves problemas en el acceso a la justicia que afectan a las personas, y en particular los grupos más desfavorecidos, sino que además los profundiza, limitando seriamente el uso y efectividad de las acciones colectivas”, señalaron.
Puntualmente, expresaron que el anteproyecto “contiene disposiciones inconstitucionales” y que su aprobación sería un “enorme retroceso tanto en relación con legislación actualmente vigente como con la jurisprudencia”.
Aseveraron: “Con una regulación como la que se propone no hubieran sido posibles decisiones judiciales históricas que protegieron los derechos a la vida, salud, igualdad, educación, al medio ambiente, y los derechos de usuarios y consumidores”, y recordaron los antecedentes “Mendoza”, “Verbitsky” y “Halabi”, “Cepis”, entre otros.
Entre distintos argumentos, las organizaciones explicaron que la iniciativa “limita quiénes podrán impulsar acciones colectivas” y que, además, “impone a los afectados, organizaciones y sus abogados una serie ilimitada de exigencias que violan la amplia legitimación reconocida en la Constitución, y dan absoluta discrecionalidad a jueces para rechazarlas en base a criterios extremadamente vagos e imprecisos”.
También resaltaron que “desnaturaliza inconstitucionalmente el instituto de las medidas cautelares”, así como “dilata los procesos, creando largos, engorrosos y repetitivos trámites para la registración y consolidación de la clase”.
Las entidades advirtieron, además, de que el proyecto pone en cargo de los demandantes los “gastos de publicidad, notificación y difusión de los procesos colectivos, así como las costas”, y también “impone la obligación de litigar en la Ciudad en todos los casos en que el Estado Nacional resulte demandado, y en el lugar del domicilio del demandado también en el caso de las empresas, aunque la afectación se produzca en otros lugares”.
Señalaron que “en la comisión redactora del anteproyecto no participaron organizaciones de la sociedad civil, de defensa de derechos humanos, el ambiente y los recursos naturales, de consumidores ni organismos públicos de defensa de derechos, como defensorías”, y solicitaron al Ministerio de Justicia mayor participación.
“Las inconstitucionalidades, falencias, inconsistencias y retrocesos del borrador de proyecto en relación con las regulaciones y prácticas actuales son tan graves e impactan de manera tan decisiva en el uso de las acciones colectivas como herramienta para asegurar el acceso a la justicia de personas y grupos en situación de vulnerabilidad que deben bastar para su inmediato rechazo”, concluyó el comunicado.
