ESCUCHAREl presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Eduardo Ávalos, recordó que en 2014 la Cámara de la Seguridad Social remitió 12.000 expedientes, con lo cual el volumen que hoy tienen “es razonable”. Crecen los amparos por salud y, en contrapartida, prácticamente es insignificante la cantidad de causas relativas a narcotráfico
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
La Ley de Nacional de Desfederalización de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, a la cual Córdoba adhirió en diciembre de 2012, está en crisis.
Según muestra el último Informe sobre narcocriminalidad elaborado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), antes de la implementación de la ley de desfederalización, en Córdoba 66% de las causas iniciadas en la Justicia federal investigaban hechos delictivos vinculados con estupefacientes. Hoy, ese porcentaje descendió drásticamente, se redujo casi a su mínima expresión.
El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Eduardo Ávalos, admitió -en una entrevista concedida a Comercio y Justicia– que se hace muy difícil investigar este tipo de delitos con el esquema vigente. “Siempre se comienza a investigar de abajo hacia arriba, el narcomenudeo es la punta del ovillo para ir más arriba y hoy no tenemos esa punta del ovillo”, remarcó preocupado el camarista.
“Si bien creo que la policía antinarcóticos de la Provincia trabaja muy bien, a nosotros se nos hace más difícil investigar de esta manera”, agregó Ávalos, quien recordó que sólo tres provincias han adherido a la iniciativa nacional.
Así las cosas y la espera de algún cambio, hoy la Justicia federal está concentrada en resolver otro tipo de causas. Los juicios previsionales siguen encabezando la cantidad de expedientes a fallo que tiene la Cámara Federal de Apelaciones. Suman aproximadamente 4.000 las causas de este tipo que aún esperan sentencia en el Máximo Tribunal.
Pese al elevado número, Ávalos se mostró satisfecho por el trabajo que han venido realizando. “Cuando en el año 2014 la Cámara de Seguridad Social -a partir del caso Pedraza- nos envió a las provincias los expedientes previsionales, nos llegaron 12.000 causas juntas, tuvimos que crear una secretaría especializada y ponernos a estudiar derecho previsional. Hoy el volumen que tenemos es más razonable”, resaltó.
En sintonía con los cambios que vive el país, creció otro tipo de demandas: los amparos de salud, que aumentaron exponencialmente.
“En mi despacho tengo dos o tres amparos de salud por día, eso es mucho”, explicó el magistrado, quien además aclaró que continúan su curso normal los expedientes referidos a causas por delitos de lesa humanidad.
Sin cambios, por el momento
En marzo pasado, Ávalos participó de una de las comisiones que analizaron la organización del trabajo puertas adentro de los tribunales, oportunidad en la que se conformaron nueve grupos de trabajo y se divulgaron luego algunas conclusiones.
La posibilidad de reducir la feria judicial -que mereció un párrafo crítico del propio presidente Mauricio Macri en su discurso de la apertura de sesiones legislativas- fue rechazada duramente por todos los operadores judiciales. Incluso por algunos colegios de abogados.
Sin embargo, se dejó la puerta abierta a la posibilidad de aumentar la cantidad de horas de atención al público en tribunales -siempre que los empleados recibieran una compensación por ese trabajo-.
A casi cuatro meses de dicho encuentro, organizado por la Corte Suprema, nada de ello se implementó. “No hubo ningún avance en ese sentido”, admitió el juez. La tan prometida digitalización del Poder Judicial tampoco ha conseguido afianzarse en aspectos centrales, como mejorar su conectividad para brindar un mejor servicio de justicia.
“Uno puede estar 20 ó 30 minutos para ‘colgar’ un escrito y éste es un problema que no es exclusivo del interior del país. Cuando hubo que homologar muchos acuerdos previsionales por la Reparación Histórica teníamos que hacerlo a la tarde porque a la mañana el sistema estaba ‘colgado’. Utilizar las herramientas digitales en la Justicia es un objetivo que todos compartimos pero tiene que ser eficiente, todo esto se soluciona con inversión”, advirtió.
En esa línea de pensamiento, recordó la suspendida reforma del Código Procesal Penal, que comenzará como prueba piloto a implementarse en las provincias de Salta y Jujuy.
“Para nosotros significará un problema porque nos va a insumir muchas audiencias y presencia y, teniendo que atender a las causas penales y las civiles, se va a hacer complicado…, los cambios legislativos son positivos pero siempre hay que acompañarlos con infraestructura y presupuesto”, opinó.
Nuevos juzgados
Ávalos celebró el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal, que prevé la creación de nuevos juzgados y el desdoblamiento de los existentes. Para Córdoba, ello implicará que se dupliquen a seis la cantidad de tribunales federales en la ciudad y se sumen nuevos juzgados en Bell Ville, Río Cuarto; y en La Rioja.
El camarista consideró que esto contribuirá al “principio de especialización”, puesto que habrá un juez competente en el derecho penal y otro en derecho civil. “El juez en ejercicio elegirá en qué fuero quedarse y el otro asumirá el nuevo juzgado con la mitad de personal del tribunal existente”, explicó.
Materia pendiente
Finalmente y respecto de las críticas sobre el ingreso de personal a la Justicia federal sin rendir concurso, se defendió: “La mejor forma de seleccionar a un juez, a un funcionario o a un empleado es el concurso, pero la Corte no ha implementado todavía el ingreso democrático al Poder Judicial; cuando lo haga por supuesto que nosotros lo aplicaremos con beneplácito”.
