ESCUCHARLa mayoría de los reclamos que recibe la Unidad de Defensa Pública en la cárcel de Bouwer se vincula con tramitación de documentación para que sus niños puedan visitarlas, denuncias por falta de contacto y atención médica para los pequeños que permanecen con ellas en la cárcel
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
“Somos como una Oficina de Atención al Ciudadano pero en la cárcel”. De esta manera, definieron los asesores letrados a cargo la Unidad de Defensa Pública, Pablo Pupich y Mariano Brusa, esta dependencia que funciona desde hace dos meses en el complejo carcelario Nº1 de Bouwer.
Se trata de una prueba piloto inédita en el país que intenta permitir el acceso a la justicia de quienes hoy se encuentran privados de su libertad. Por el momento, sólo algunos de los detenidos pueden hacer uso de este servicio. En el caso de los hombres, son aquellos que purgan una condena a prisión perpetua o quienes están en una fase de tratamiento denominado “de confianza”. En el caso de las mujeres, todas las detenidas pueden acceder a esta posibilidad, siempre que su defensa sea ejercida por un asesor letrado del Estado.
En promedio son, en una primera etapa, 150 los internos que pueden recibir atención de la Unidad de Defensa Pública, que funciona tres veces por semana con un equipo que está integrado por dos asesores letrados, una coordinadora, una auxiliar de la defensa y dos empleados (una abogado y una trabajadora social).
Las mujeres conforman la población más vulnerable de Bouwer, sobre todo si tenemos en cuenta que algunas de ellas -un total 14 presas al momento de realizar esta nota- permanecen privadas de su libertad con hijos menores de cinco años. Otras son madres y desde adentro de la cárcel también bregan por ellos.
El asesor Pupich explicó a Comercio y Justicia que mientras los hombres -a la hora de consultar a los defensores- se preocupan por el estado de su causa penal, las internas -en cambio- piden que les gestione el Documento Nacional de Identidad para que sus hijos puedan ingresar a visitarlas a la cárcel.
En el caso de aquellas que permanecen dentro del complejo penitenciario con sus hijos a cargo, reclaman pediatras o mejor atención médica para ellos. “Es como si no estuvieran presas”, remarcó el asesor letrado.
La falta de contacto con los hijos que se encuentran lejos de las internas también es una queja habitual. “Muchas veces los familiares no pueden por cuestiones económicas llevarles los chicos a la cárcel y produce un distanciamiento que es motivo de planteo en las consultas”, agregó Mariano Brusa.
La soledad de las mujeres detenidas es un aspecto que destacaron los asesores. Las visitas que reciben las mujeres siempre son notablemente inferiores en número si se las compara con las que reciben los hombres detenidos, a quienes sus esposas o madres nunca abandonan.
Es mejor prevenir
La Unidad de la Defensa permitirá reducir la cantidad de hábeas corpus que ingresan a los juzgados de Ejecución. Al menos, ese es un objetivo que plantean los asesores de esta nueva dependencia. “Hay cuestiones que se pueden resolver antes si tenemos una Defensoría que escuche el reclamo que tienen los detenidos”, concluyó Brusa en diálogo con este diario.
Cabe destacar que la intención del Tribunal Superior de Justicia, es extender esta prueba piloto a todas las cárceles de la provincia de Córdoba.
Mucho más que una defensa técnica
“No hubiéramos podido conseguir la prisión domiciliaria de esta mujer si no hubiese estado funcionando esta Unidad de Defensa Pública”, aseguraron Brusa y Pupich a Comercio y Justicia.
La interna estaba detenida con un bebé de 9 meses en Bouwer, quien debió ser internado en el Hospital de Niños por una grave enfermedad. La mujer, víctima de violencia de género, no tenía una vivienda que le permitiera conseguir una prisión domiciliaria. Con pocos familiares dispuestos a ayudarla, la trabajadora social de la Unidad de la Defensa Pública recorrió los domicilios que tenía la mujer para ofrecer. Con pocas esperanzas, halló finalmente la casa de una amiga de la interna que ofreció su domicilio como garantía. Rápidamente, la Unidad de la Defensa Pública pidió la prisión domiciliaria y se comunicó con el Hospital de Niños para garantizar la provisión de los medicamentos que necesitaría el niño para su tratamiento médico.
El juez finalmente autorizó el pedido y el bebé ya no se encuentra detenido en Bouwer junto con su madre. “Esto hubiera sido imposible de lograr sin este trabajo transversal y en equipo”, remarcaron los asesores orgullosos.Detalles
– El 6 de abril se firmó el convenio que creó la oficina de Unidad de Defensa Pública.
– Funciona en el Módulo MD2 del complejo carcelario de Bouwer.
– Atiende tres veces por semana. En una primera etapa, sólo a mujeres detenidas y a hombres con condenas a prisión perpetua o en fase de confianza.
– La intención del TSJ es ampliar este servicio al resto de las cárceles de Córdoba.
