ESCUCHAREn febrero de 2011, dos internos habrían sido sometidos a una brutal golpiza. La Cámara de Casación Penal entendió que se realizó una valoración parcializada de la prueba y que la sentencia tenía serios defectos de fundamentación
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución que absolvió a tres empleados del Servicio Penitenciario de Córdoba, acusados del delito de apremios ilegales, y ordenó que se sustancie un nuevo juicio oral
En el fallo recurrido, se había dispuesto la absolución de Walter Elvio Ceballos, Adrián Eduardo Bazán y Nicolás Alexis Murúa, con respecto a un hecho ocurrido el 4 de febrero de 2011 en la cárcel de Bouwer, donde se habría sometido a dos detenidos a una brutal golpiza.
En los fundamentos de la resolución -a la que tuvo acceso Comercio y Justicia-, los jueces Gustavo Hornos (como presidente), Carlos Alberto Mahiques y Ana María Figueroa consideraron, en sintonía con lo postulado por el Ministerio Público Fiscal y la querella, que la sentencia que absolvió a los penitenciarios presentaba serios defectos de fundamentación. En tal sentido, la Cámara concluyó que “la absolución por duda dictada por el a quo se sustentó en una valoración parcializada de la prueba reunida en autos, y sobre esa base, aplicó erróneamente el principio del in dubio pro reo”.
La causa
Según consta en el expediente, durante el trámite de la causa se logró acreditar que los tres imputados se presentaron en la madrugada del 4 de febrero de 2011 en la celda que las víctimas ocupaban en el módulo 2 del Complejo de Bouwer e intentaron responsabilizarlos de la rotura de un interruptor de encendido de la luz. “Esto va a ser cortito, ¿quién se va a hacer cargo?”, reprodujo una de las víctimas en su declaración las palabras de uno de los penitenciarios.
El joven relató que luego los sacaron de la celda, los esposaron, notando allí que también habían sacado a los personas alojadas en otras siete celdas. Indicó, además, que los trasladaron a todos esposados hasta la central del pabellón, a ellos los ingresaron a un box. Los guardias, narró el juez Ricardo Bustos Fierro en el procesamiento, los comenzaron a increpar, diciéndoles que “se hicieran cargo, que firmaran la sanción”. Bustos Fierro agregó: “Ante la negativa de los denunciantes, el oficial Cevallos y los agentes Murúa y Bazán les dijeron ‘qué, ¿son pesados ustedes dos?”.
Las víctimas señalaron que “las personas que participaron en la golpiza eran aproximadamente ocho”, pero que sólo pudieron identificar a Ceballos, Murúa y Bazán y dijeron que inferían que “el resto del personal era de guardia externa”.
Después de la golpiza, los detenidos -que son hermanos- fueron trasladados al hospital del módulo, donde fueron revisados y quedaron alojados hasta la mañana siguiente, atados con cadenas a una cama, lo cual fue narrado al fiscal por el propio personal de sanidad.Las lesiones por los golpes fueron corroboradas luego por el médico de la Procuración Penitenciaria de la Nación, quien les tomó fotografías a las víctimas y dictaminó que se debieron, en principio, “a golpe/choque con/contra superficie dura o semidura”.El fiscal Senestrari requirió entonces el allanamiento del penal, que fue llevado a cabo el 17 de febrero por orden de Bustos Fierro. Entre otras medidas, el representante del Ministerio Público pidió secuestrar el registro de las cámaras del penal y la documentación relativa a las víctimas y al plantel de agentes penitenciarios que aquella madrugada estaban cumpliendo funciones en la cárcel.
Con la documentación, el juez y el fiscal pudieron constatar que los dos internos fueron sancionados junto a otros presos y llevados a la enfermería, donde quedaron alojados desde la medianoche hasta las 10 de ese mismo día, 4 de febrero de 2011, “con hematomas y edemas en la región frontal y en algunas partes del cuerpo”. Con las planillas de personal, en tanto, pudieron corroborar que los tres imputados estaban “a cargo del servicio de guardia interna del pabellón” en el mismo momento de los hechos.
Pero los registros de las cámaras de video fueron imposibles de visualizar, justo en la franja comprendida entre la 0.00 y la 1.00. El perito de la Policía Federal encargado de la tarea explicó: “Puede ser un problema de transmisión de datos, un problema en el disco rígido o una intervención humana de alguien que lo borró”. Para el juez Bustos Fierro, la grabación “habría sido eliminada, ello para evitar la corroboración de los dichos de los denunciantes mediante imágenes, como también la participación en el hecho de otros sujetos”.
Duras críticas a las cárceles de Córdoba
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nils Melzer, emitió el mes pasado un duro informe tras su visita a las cárceles argentinas y a las de Córdoba, en particular.
Su inspección incluyó -entre otros establecimientos penitenciarios- las cárceles de Bouwer y de Cruz del Eje. Luego de entrevistarse con los internos, Melzer denunció que éstos son golpeados y sometidos a castigos que incluyen permanecer encadenados a una cama por varias horas y hasta días. En el caso de la penitenciaría de Cruz del Eje, informó que “la falta de acceso a la atención de la salud aparentemente causó varias muertes de detenidos en 2017 y en los primeros meses de 2018”.No se trata de un caso aislado
Desde 2007, la Procuración Penitenciaria de la Nación registró 4.617 casos de tortura o maltrato en las cárceles argentinas.
El grueso de los hechos de tortura se producen en los pabellones. La tendencia indica que la mayoría de los agresores resulta ser integrante del cuerpo de requisa.
Desde 2017, la Procuración Penitenciaria de la Nación está habilitada para ingresar a los institutos de menores y reportar casos de violencia.
