ESCUCHAREl nuevo texto prevé un castigo de un mes a un año de prisión para quienes usurpen títulos. También se incorporan tipos penales referidos al financiamiento de los partidos políticos
La comisión encargada de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal se reunió esta semana en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para ir finalizando el texto que se entregará al presidente de la Nación, Mauricio Macri, a principios de junio.
En el último encuentro se resolvió elevar las sanciones para quienes cometan el delito de Usurpación de Títulos y Honores. El texto actualmente vigente reprime con prisión de quince días a un año a quienes ejerzan: “Actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente”.
En cambio, la modificación del tipo penal para el delito de usurpación de títulos y honores eleva más las penalidades y brinda mayores precisiones en lo atinente a la autorización.
De esa forma, la nueva redacción prevé un castigo de prisión de un mes a un año y uno a doce días-multa para el que ejerza: “actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título, matrícula obligatoria habilitante y activa, o la autorización correspondiente”.
“Es una defensa a los abogados matriculados que son víctimas de quienes en forma desleal ejercen profesión sin matrícula o con matrícula suspendida”, admiten desde la Comisión. Según pudo saber este medio, el artículo se aplicaría tanto para la profesión de abogados como para otras profesiones que exigen matriculación, como contadores o arquitectos.
Otros aspectos
En el mismo encuentro, los juristas avanzaron en temas como la armonización entre las competencias de los jueces electorales y la incorporación de tipos penales referidos al financiamiento de los partidos políticos; la inclusión de un delito referido a no permitir el ejercicio del derecho de huelga y sobre la entrega a la autoridad de un arma sin registrar.
Mariano Borinsky, presidente de la Comisión afirmó que la sistematización de todos los delitos en un digesto único, no va a cambiar las competencias. “Pero necesitamos una articulación que sea clara en cada caso”, afirmó.
Para encontrar la mejor forma de armonizar los delitos y las faltas administrativas electorales, los expertos recibieron a Hernán Gonçalves Figueiredo, secretario de Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral.
En relación al derecho de huelga el Camarista de la Casación destacó que “se decidió penar con este tipo a los casos en los que no exista violencia, ya que para ese extremo está prevista la coacción”.
Además se avanzó en una eximente de pena para aquel que tiene un arma no registrada o con registro vencido, y la lleva a programas de entrega voluntaria de armas o la pone a disposición de una autoridad administrativa o judicial.
