ESCUCHARLa empleada de la Anses está acusada de iniciar trámites jubilatorios ficticios y, mediante resoluciones apócrifas, habilitar el cobro de prestaciones para personas que no cumplían con los requisitos. Los hechos datan de 2014
La fiscal María Josefina Minatta, a cargo de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, y su colega Gabriel de Vedia -de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises)- requirieron la elevación a juicio de la investigación iniciada en contra de una empleada de la Anses de Gualeguaychú (Entre Ríos), acusada de iniciar trámites jubilatorios ficticios con resoluciones apócrifas, habilitando así el cobro de prestaciones por parte de personas que no cumplían con los requisitos para ello.
La pesquisa comenzó por la denuncia de los directivos de la Unidad De Atención Integral (UDAI) de aquella ciudad, tras detectar numerosas irregularidades y tratos personalizados entre la encartada y las personas que fueron beneficiadas por su accionar ilícito.
Los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre de 2014. Dos supuestos se refieren al reconocimiento de servicios y el otro se relaciona con el grado de incapacidad.
De acuerdo con los representantes del Ministerio Público Fiscal, los expedientes administrativos iniciados y virtualmente resueltos por la empleada no cumplían con las normativas de fondo ni de forma. Sin embargo, los titulares de los trámites se encontraban cobrando las prestaciones, generando un perjuicio para la entidad y para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.
Según consignó el sitio Fiscales. gob.ar, el caso sobre el grado de incapacidad es el más llamativo, pues la imputada tomó a su cargo tanto la iniciación como su cómputo final, eludiendo la supervisión correspondiente, y luego dispuso su archivo directo. La anomalía esencial en que habría incurrido la acusada consistió en liquidar y dar de alta el beneficio, habilitando el cobro de la prestación.
Durante la instrucción de la causa la mujer fue procesada, en calidad de autora, por el delito de abuso de autoridad en concurso con el de falsedad ideológica, una medida que se encuentra firme.
El requerimiento de los fiscales resalta la relevancia de la protección de los recursos destinados al sistema de la seguridad social, las funciones y obligaciones como empleada de la Anses, el uso indebido de claves para gestar las irregularidades identificadas y el dolo con el que actuó la imputada.
