ESCUCHARSubir tarifas al ritmo de la inflación tiene un costo fiscal de 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI), magnitud equivalente al esfuerzo fiscal requerido para cumplir la meta de déficit primario de 3,2% del PBI que fijó el Gobierno nacional, advirtió ayer un análisis económico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
“Si el precio de un bien sube a igual ritmo que los costos y éstos lo hacen al ritmo de la inflación general, el precio relativo no cambia, con lo que tampoco lo hace el grado de escasez relativa de este bien”, explica el documento difundido ayer.
“Si, en cambio, los costos suben al ritmo de la inflación, pero el Gobierno decide que los precios lo hagan a menor velocidad, aparece la necesidad de subsidiar la diferencia. Este subsidio es una transferencia al consumidor o al productor, significando un gasto público. En la medida que la inflación sea sostenida, el subsidio se acrecienta y consecuenteme el gasto público en subsidios económicos crece a mayor ritmo que la inflación”, precisa el documento del instituto.
“En nuestro país, durante varios años los subsidios a la energía y al transporte permitieron que los precios pagados por el consumidor subieran a menor ritmo que la inflación. Esto hizo que los subsidios económicos llegaran a representar un 3,8% del PIB en 2015”, detalla el texto a la vez que señala que “el actual gobierno priorizó el objetivo de bajar la inflación a partir de una baja real del gasto público. En esta línea, la disminución real de los subsidios económicos fue considerada clave”.
En este sentido, la baja de los subsidios ha tenido como principal consecuencia la suba de tarifas por encima del aumento generalizado de los precios. En cifras, mientras en los últimos 12 meses los precios regulados se incrementaron 38%, la inflación promedio hizo lo propio en 25%. En total, son 13 puntos porcentuales por encima.
En este contexto, durante los últimos días, se conocieron distintas propuestas de parlamentarios, institutos, organizaciones y economistas con el objetivo de disminuir el impacto de la suba de tarifas en el usuario y en la producción industrial.
En este punto, se conoció una iniciativa del propio Iaraf , la cual consiste en disminuir la “mochila” impositiva que tienen los servicios públicos, sobre todo en el ámbito provincial y municipal.
Ahora, el instituto emitió un nuevo comunicado donde se examina el impacto fiscal que tendría la implementación de retrotraer el valor de los servicios a fines de 2017 y, a partir de esa fecha, indexar los aumentos según el crecimiento del salario, como han propuesto – en líneas generales – los partidos de la oposición.
“Para estimar el impacto se hace el supuesto de que este año 2018 tanto las tarifas de energía como las de transporte suben a un ritmo de20%, lo que implica que los subsidios también deben subir un 20%, de modo tal de mantener constante la relación tarifa/costo de inicios de año”, indica el Iaraf.
“Este comportamiento alternativo implicaría que el gasto en subsidios a la energía en lugar de bajar 0,67% del PIB bajaría solamente 0,10 puntos porcentuales del PIB. En el caso de los subsidios al transporte, en lugar de reducirse 0,18% del PIB se reducirían menos de 0,10% del PIB. En total, los subsidios económicos bajarían un 0,7% del PIB menos que lo que está proyectado”, explica.
“Como puede apreciarse, la dinámica fiscal cambia sustancialmente ante un esquema alternativo como el descripto. El gobierno debe bajar el déficit primario de 3,9% del PIB de 2017 al 3,2% del PIB a fines de 2018. De concretarse un cambio de la evolución tarifaria como el considerado, el mayor gasto que significa equivale casi exactamente a la magnitud del esfuerzo fiscal que debe realizarse para cumplir con la meta de déficit primario”, advierte.
“La situación es compleja. Son $90.000 millones en los que disminuye el ingreso disponible de los usuarios de energía si la dinámica no cambia por la baja de subsidios. A esto debe sumarse el menor ingreso por el pago de mayores impuestos (principalmente IVA) proporcionales sobre la tarifa. Si se avanza en un cambio como el descripto, ese mismo monto de dinero debe ser financiado de alguna manera por el Fisco. Resulta vital encontrar un camino de equilibrio, considerando la situación de todos los actores en juego”, concluye el informe del Iaraf.
