ESCUCHAREl Máximo Tribunal envió una nota al titular del organismo, Gustavo Arribas. Es por las conversaciones que trascendieron entre la ex presidente Cristina Fernández y Oscar Parrilli
A menos de una semana de haber pedido al Consejo de la Magistratura que se investigue cómo se conformó la Sala que determinó la libertad del empresario Cristóbal López, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le remitió una nota al director General de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Héctor Arribas, solicitando que le informe “las actuaciones que hubiera iniciado” en razón de las filtraciones de escuchas telefónicas de conversaciones de la ex presidente Cristina Fernández y Oscar Parrilli, ex director General de la AFI.
La Corte también pidió que le sea revelada “cualquier circunstancia que considere pertinente orientada dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder los agentes de la Agencia su cargo en la captación, transmisión, entrega y resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las interceptaciones telefónicas ordenadas en la causa señalada”.
En el texto se resalta que, luego de conocer las filtraciones de las escuchas, se pidieron informes a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDeCCO), Oficina de Captación de Comunicaciones, y al juez Ariel Lijo, quien había encargado las escuchas en el expediente de la investigación judicial que tramitaba en su juzgado. Detalla que de esos informes se desprende que a pedido de Lijo, en la sede de la DAJUDeCCO se requirió la captación por el término de 30 días -que luego se extendió dos veces más- “de las comunicaciones entre dos abonados bajo la modalidad de escucha directa”. Y agrega que para eso se “se autorizó al personal de la AFI diligenciar el oficio, llevar cabo las tareas de escucha directa y retirar los CD con las grabaciones”.
Los magistrados también explicaron que ya habían pedido al juez Rodolfo Canicoba Corral, quien lleva la causa penal que se inició a partir de la filtración de las escuchas judiciales, que informe “si se han detectado circunstancias que permitan atribuir algún tipo de responsabilidad de los agentes de la DAJUDeCCO, si existe alguna observación respecto la forma en que se desarrollan sus tareas que sea susceptible de afectar los principios de transparencia, confidencialidad custodia”. Y resaltaron cómo suscribieron ante el Congreso, para ser auditados y garantizar la transparencia de la Oficina, tras lo cual ahora apuntaron a las posibles responsabilidades de la AFI.
