ESCUCHAREste rubro del comercio viene transcurriendo dos largos años problemáticos y no sale a flote: cada mes, 4 ó 5 farmacias dejan de funcionar, sólo en Córdoba. La presión oficial es feroz y algunos denuncian que se “quiere beneficiar a las cadenas”
Por Javier De Pascuale – [email protected]
Las farmacias cordobesas están en pie de guerra. No quieren ceder ni un centímetro en la batalla por la renovación del convenio de prestación de servicios con su principal cliente, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), y se encuentran atenazadas por la suba constante en los precios de los medicamentos y un nivel de ventas que no termina de recomponerse y, por el contrario, exhibe muestras preocupantes de disminución.
“Muchas farmacias están en crisis. La situación está muy complicada, por eso es imposible que ajustemos más”, dispara Georgina Giraldi, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, desde Buenos Aires, donde los pasados jueves y viernes participó de un encuentro nacional de la Confederación Farmacéutica Argentina, que acordó un plan de resistencia nacional contra las pretensiones de la obra social de los jubilados, de que los comercios aumenten su aporte en los precios que se pagan por los remedios para la población pasiva.
“Hoy hay total incertidumbre en las 331 farmacias cordobesas que atienden a afiliados del Pami porque a fin de mes vence el convenio y, si el Gobierno insiste con su intención de que aumentemos nuestro aporte, no parece posible que se renueve”, describió la dirigente gremial del comercio de medicamentos.
En Córdoba funcionan 680 farmacias, de las cuales casi la mitad trabaja con la obra social de jubilados. Para estos comercios, Pami representa 70% de su facturación: “Las farmacias trabajan con un margen establecido de utilidad de 30% sobre el precio del medicamento que se le provee. A Pami ya le cedimos más de la mitad de esa utilidad: de cada cien pesos que paga un jubilado por un remedio, la farmacia le aporta 16,6 pesos. No podemos ceder más, no tenemos más margen”, precisa Giraldi.
La provisión de remedios para jubilados es uno de los contratos más jugosos que firma una institución del Estado nacional con el sector privado, de cifras de nueve dígitos. Y como es natural, no sólo es terreno de durísimos tiras y aflojes sino -también- de disputa de intereses sectoriales y al interior mismo de esos sectores.
Cadenas en el horizonte
Es la razón por la cual en la reunión de todos los colegios de farmacéuticos del país que se realizó el jueves pasado en Buenos Aires, uno de los representantes disparó directamente contra el ex CEO de Farmacity, Mario Quintana, actual vicejefe de Gabinete de la Nación: “Quieren destruir a las farmacias de todo el país para que las grandes cadenas ocupen ese lugar”, se dijo.
Desde Córdoba, por su parte, la vicepresidente del colegio advierte que “es la primera vez que interviene Jefatura de Gabinete en la negociación, con la orden de bajar 30% los costos de Pami en medicamentos. ¿Cómo nos lanzan eso a nosotros, si el actual presidente del Pami, Sergio Cassinotti, conoce muy bien la realidad de las farmacias del país?”, se pregunta Giraldi.
La orden de los máximos funcionarios de Gobierno nacional funcionó como un componente disruptivo en las negociaciones, estancándolas. Las posturas son diametralmente opuestas y a la idea de bajar el precio de los fármacos se sumó, además, la “orden” de congelar el precio de los medicamentos hasta diciembre.
“La industria sigue actuando sin regulación alguna, subiendo precios sin control y con porcentajes que superan la inflación. No tienen freno alguno. Por eso mismo, entendemos que ellos pueden ceder parte de sus ganancias y acordar con Pami la baja del precio o por supuesto el congelamiento de los precios hasta diciembre”, explica la dirigente farmacéutica a este diario. “En el Gobierno lo saben, porque es claro cómo las grandes cadenas consiguen descuentos importantísimos de parte de la industria, por eso no entendemos que nos exijan a las farmacias lo que saben que pueden obtener de la industria”, dijo Giraldi.
Precios de referencia
Como siempre, en una discusión donde nadie quiere retroceder un centímetro, los jubilados quedaron en el medio y hoy son los más expuestos, al filo de ser seriamente perjudicados. “Lo último que está disponiendo Pami son los ‘precios de referencia’ para muchos medicamentos. Pami establece que no va a pagar más de una cifra determinada por un remedio, de modo que las variaciones de marca o precio por encima de eso, lo debe pagar el jubilado de su bolsillo. El problema se agrava ahora con el congelamiento de precios: mes a mes, la diferencia que deberá pagar el jubilado irá creciendo hasta afectar por supuesto la venta”, señalan desde un sector que viene atravesando ya más de dos años de crisis, con muchos comercios que han ido cerrando puertas.
“Tenemos un promedio de cuatro o cinco cierres de farmacias por mes en Córdoba. Muchas siguen adelante, pero cortan servicios a Pami, reestructuran los locales, los mudan, reducen personal o incorporan otros rubros”. Los profesionales de la salud se convierten en expertos del marketing, con el objetivo de apuntalar el negocio.
Los registros del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba registraban en 2016 cuarenta cierres de farmacias. La estadística de 2017 no está lista aún, pero la tendencia de tres cierres mensuales se mantuvo. Y actualmente esa tendencia se acentuó: de cuatro a cinco cierres de persianas por mes.
La ofensiva del Gobierno es feroz: quiere bajar 30% el gasto y congelarlo por todo el año. Piden ajuste a la industria y a la distribución.
Laboratorios nacionales fueron relegados de las compras. Y las farmacias están en pie de guerra. Dicen que no pueden ceder más.
Unos y otros disparan contra la Jefatura de Gabinete, donde el segundo de Peña fue CEO de Farmacity. Algunos denuncian que “quieren el cierre de farmacias”.
Y, para bajar costos, ya compra en el exterior
Entre las medidas que anunció Pami para bajar 30% el gasto en medicamentos se encuentra la puesta en marcha de licitaciones internacionales para la compra de remedios oncológicos y “especiales”, de altísimo costo.
Las farmacias dieron su aval a la medida, pero los laboratorios la cuestionan, aunque el tema divide aguas entre laboratorios nacionales y extranjeros.
“En los encuentros los funcionarios acusan a los productores de medicamentos de carterización, pero los laboratorios lo rechazan. Como réplica, les dicen que los productos farmacéuticos son los más caros de la región. Como los televisores o la ropa, replican los laboratorios”, relata Néstor Caprov, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Lanús (provincia de Buenos Aires) y conocedor de las negociaciones con el Pami.
La amenaza de abrirles el juego a los genéricos importados no ayuda a calmar las aguas. Bajar el precio de los tratamientos con productos de India y China no parece ser la mejor solución, sobre todo teniendo en cuenta que los procesos de producción y de control de calidad fueron objeto de denuncia en varios países.
“Si a eso se le suma el intento de retirar al farmacéutico como garante de la calidad del fármaco, la situación es dramática”, alerta el profesional, con la mirada puesta en el avance de grandes cadenas como Farmacity en la actividad.Lo cierto es que, al día de hoy y a poco de vencerse el convenio que permite a la mitad de las farmacias del país la facturación de entre 60% y 70% de su comercio, no hay avances y todos repiten el concepto de que “la desconfianza es mutua y alta” entre las partes en negociación.
Las farmacias están golpeadas por la situación que cruza al comercio en general -ventas que no terminan de recuperar, alza de salarios, aumentos de los alquileres, altísima presión fiscal- pero -a diferencia de otros sectores- trabajan en un contexto de precios altamente regulados. Regulados por la histórica lucha entre los fijadores de precio, los laboratorios, y el agente de la redistribución, el Estado. Un Estado que, desde la asunción del Gobierno nacional en diciembre de 2015 se retiró del control de precios, dejando al comercio inerme frente a listas de precios que llegan con alzas sistemáticamente mayores a los índices inflacionarios, agravados en las últimas semanas por la suba del dólar.
