ESCUCHAREl ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército se encontraba internado desde el 7 de febrero en el Hospital Militar por afecciones coronarias y biliares. Organizaciones de Derechos Humanos destacaron la posibilidad de haber podido juzgar y condenar al ex militar
Sensaciones encontradas generó la muerte del represor Luciano Benjamín Menéndez en integrantes de organismos de Derechos Humanos, familiares de víctimas del terrorismo de Estado y en todos aquellos que veían al ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército al más feroz genocida de la última dictadura.
Con su muerte quedaron ocultos detalles que podrían haber esclarecido causas que aun se desarrollan en los tribunales.
El ex militar falleció a los 90 años en el Hospital Militar de Córdoba, donde se encontraba internado desde el 7 de febrero último por afecciones coronarias y biliares.
El cuadro de salud del ex militar se había agudizado en momentos en que afrontaba un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad.
Según los fundamentos de sus condenas judiciales, Menéndez fue el principal responsable del “plan sistemático y generalizado de exterminio de la oposición política” aplicado durante la última dictadura militar (1976-1983) en Córdoba y en nueve provincias del noroeste.
Como se recordará, Menéndez fue uno de los genocidas no beneficiados por la ley de Obediencia Debida, dictada en 1987, recibió 13 condenas a cadena perpetua y se hallaba implicado en unas 800 causas por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
En su carácter de jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y de la llamada Área 311, que abarcaba diez provincias, Menéndez impartía órdenes e instrucciones, supervisaba sus resultados y generaba las condiciones para que sean eliminadas todas las pruebas para que sus autores tuvieran impunidad.
Asumió la comandancia de la jurisdicción militar con sede en Córdoba, entre septiembre de 1975 y el mismo mes de 1979. Tenía poder absoluto sobre las 10 provincias del noroeste y Cuyo.
Fue el creador de los dos primeros centros clandestinos de detención del país: “La Escuelita” de Famaillá, en Tucumán, y “Campo de la Ribera”, en Córdoba.
A mediados de los años ’60, fue alumno de la llamada “escuela contrarrevolucionaria francesa” y en los ’70 viajó al campamento de Fort Lee, en Estados Unidos, para conocer la Doctrina de la Seguridad Nacional, la que dio paso a la intervención de las fuerzas armadas en conflictos internos de los países del “Tercer Mundo”.
Creó la “Organización Nacionalista” o “Partido Militar”, que en 1981 acusaba de “blando” al por entonces presidente de facto Roberto Viola, aunque esta actitud no tuvo incidencia entre sus pares.
En 1988, “El Cachorro”, como lo apodaban sus compañeros de promoción del Colegio Militar, fue procesado por 47 casos de homicidio, 76 de tormentos, cuatro de ellos seguidos de muerte y cuatro sustracciones de menores, pero la Corte Suprema lo desprocesó por la ley de Punto Final.
Dos años después, recibió el indulto del entonces presidente Carlos Menem y, ocho años más tarde, al reabrirse una causa por 30 fusilamientos y asesinatos de presos políticos cometidos en 1976, estuvo detenido algunos días por negarse a declarar, aunque pronto recuperó la libertad.
Al iniciarse en 2005 los juicios de lesa humanidad, el ex jefe del Tercer Cuerpo comenzó a recibir condenas de parte de la Justicia, y 2008 comenzó a ser juzgado en Córdoba y luego en distintos puntos del país por los delitos privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, entre otras acusaciones.
“Jamás dio una pista concreta y seria sobre el paradero de las personas desaparecidas. Hasta el día de hoy ese delito se está cometiendo”. Jaime Díaz Gavier, presidente el Tribunal Federal Oral Nº 1.
“No significa más que la extinción de la vida de alguien que causó mucho dolor y produjo víctimas que todavía siguen buscando justicia”. Baltasar Garzón, ex juez español.
“Menéndez representó una alternativa de poder frustrada para Córdoba. Decía que llevando adelante el proceso de reorganización nacional, con la guerra antisubersiva, se iba a garantizar 100 años de democracia. El tiempo y la historia demostraron que no solamente no tuvo razón sino que tampoco tuvo el coraje para decir la verdad de lo que hizo”. Martín Fresneda, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación.
