La Justicia cordobesa rechazó los pedidos de reparación por daño moral de dos empleados, pero la Máxima Instancia dejó sin efecto lo decidido. Destacó que las pruebas evidenciaban que las cesantías fueron una represalia
La Corte Suprema revocó dos fallos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que habían rechazado reclamos de indemnización especial por despido discriminatorio.
En el 2006, Ricardo Farrell y Nicolás Bibby participaron junto con 54 compañeros de trabajo en una reunión en la cual decidieron presentarle una nota a su empleadora para que evaluara la posibilidad de otorgarles un aumento salarial al personal jerárquico fuera de convenio.
A los pocos días, ambos fueron despedidos. La empresa, propietaria de una cadena de supermercados, adujo como causa el supuesto incumplimiento de objetivos comerciales de ventas.
Farrell y Bibby alegaron que se trató de una represalia por su pedido y demandaron a la firma por las indemnizaciones laborales por despido injustificado. Además, solicitaron una reparación adicional por daño moral y sostuvieron que la conducta discriminatoria asumida por la empresa les causó perjuicios.
A su turno, si bien hizo lugar a las indemnizaciones por despido, el TSJ rechazó los reclamos por daño moral bajo el argumento de que la conducta discriminatoria reprochada no surgía del acto mismo del despido ni del contexto fáctico que había rodeado a las desvinculaciones.
La Corte revocó esos decisorios señalando que era irrelevante el hecho de que la conducta discriminatoria no surgiera de lo expresado por la empresa en los telegramas de despido.
Al respecto, explicó que por lo común la discriminación se caracteriza por constituir una conducta solapada, oculta o encubierta, que no es reconocida por quien la ejecuta.
Bajo esa premisa, razonó que es “muy improbable” que surja de los términos del telegrama que se envía para comunicar el fin de una relación laboral.
Malestar
El Máximo Tribunal señaló que, por el contrario, correspondía tener en cuenta que durante el trámite de ambos juicios se aportaron numerosas pruebas que evidenciaban que los despidos fueron una represalia de la patronal ante el reclamo salarial.
En concreto, precisó que aquéllas indicaban el malestar que la petición de los trabajadores había generado en los altos mandos de la compañía; que los despidos habían sido comunicados por e-mail a todas las sucursales -lo cual era inusual en la empresa- y que, ya concretados, se frenó el reclamo porque había temor.