ESCUCHAREntre otros, los jueces deberán cargar en la cuenta de los encartados los costos que insuman peritajes, traslados, narcotests y tareas de intervención telefónica.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó una resolución interna (2018-49) que dispuso que todos los gastos que realice el Estado para la investigación de delitos federales (entre ellos, narcontráfico y trata de personas) serán costeados por los imputados.
La cartera instruyó a la Policía Federal, a la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Prefectura a informar a los jueces competentes en cada pesquisa sobre todas las erogaciones que deban realizarse para cumplimentar las tareas encomendadas para resolver un caso.
Entre otros costos, los magistrados deberán cargar a cuenta de los narcos o de otros procesados los que insuman peritajes, traslados, narcotests y tareas de intervención telefónica.
Para poner en marcha el mecanismo, el ministerio no esperará a que haya sentencia definitiva sino que presentará cautelares intermedias para lograr incautaciones de bienes y otras medidas durante la etapa de instrucción de las causas.
Lo resuelto es novedoso. Fue diseñado por el director Nacional de Enlaces con los Poderes Judiciales y Seguridad, Diego Nazareno, aunque está regulado en artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación.
Fundamentos
Entre los fundamentos de la resolución se plantea que “en la ciminalidad organizada y el delito complejo la organización y la metodología torna sumamente compleja la dilucidación de los autores materiales y la responsabilidad de cada uno, por lo que pone en evidencia la necesidad de aplicar cuantiosos recursos para su esclarecimiento”.
