ESCUCHARPor Lic. Andrea Querus Chemes *
La institución judicial no es cualquier organización laboral, en ella se dirimen conflictos de diversa índole e importancia, siendo su responsabilidad suprema frente a la sociedad-Estado a la que se debe y ésta le solventa cautivamente.
La calidad y la eficacia del servicio de justicia depende directamente de los recursos humanos que la integran, en todas sus jerarquías, de su idoneidad, formación, ética y responsabilidad con la que se desempeñan. Los ciudadanos merecen un sistema confiable al cual recurrir, en donde sean tratados dignamente y puedan encontrar respuesta a sus conflictos en el marco de la ley con diligencia, imparcialidad, sensibilidad social y ética, pero principalmente basado en la congruencia entre la misión social y valores que predica, con la vida interna laboral de sus trabajadores. Sin embargo, a la vista están las inequidades producto de la concentración de recursos y privilegios en algunas jerarquías en detrimento de otros trabajadores como, por ejemplo, los auxiliares de la justicia integrantes de los equipos técnicos.
Así, por ejemplo, la atención de la violencia que tanto trabajo le insume al Poder Judicial no está fuera de sus estrados. Los peritos que tienen como objeto de intervención diversas formas de la misma, tales como abusos sexuales, homicidios, etcétera y -casi a destajo- tienen que afrontar un vertiginoso número de causas diarias, también son víctimas de violencia laboral continua. Trabajar “con” conflictos de variada índole no justifica trabajar “en” conflicto permanente y bajo condiciones denigrantes que no hacen sino restar productividad, calidad y salud a estos auxiliares, necesarias para atender las necesidades sociales a la altura que se merecen los justiciables y la autoridad que les requiere su intervención.
Según los tipos de violencia difundidos por la Division of Ocupational Health and Safety (OSHA) de California, responde a un tipo de violencia III, según la cual los causantes de la violencia tienen un tipo de vinculación directa con los trabajadores, ya sea por tratarse de un propio par y/o jerárquico superior. Las acciones motivadoras son de las más variadas; entre ellas podemos mencionar el ejercicio del poder por el poder en sí mismo, para justificar un cargo, la administración de medidas arbitrarias y discriminatorias legitimadas en alguna sanción o resolución interna, el trato desigual con los profesionales, la “dedocracia” y otras consecuencias de la corporativización del sistema judicial, que encuentra su réplica en Servicios Judiciales. En nuestro país se generan condiciones hostiles de trabajo que afectan el desempeño idóneo del profesional, así como de los justiciables que dependen de la resultante de la pericia. Los auxiliares externos -como abogados y peritos de control- vemos obstruido asiduamente nuestro desempeño por las prácticas inquisidoras de las que resultamos víctimas.
A su vez, el volumen de causas -urgentes, muchas de ellas- requiere diligencia y calidad, lo que resulta de imposible atención con un puñado de peritos que trabajan bajo presión para poder responder en tiempo y forma con un marcado temor a ser expulsados o sancionados. Llegamos entonces a los mecanismos mediante los cuales opera la violencia: la generación de miedo y el uso indebido del poder.
¿Por qué transformar la violencia laboral en un componente cultural del sistema? ¿Es necesario el uso de la arbitrariedad como parte de la gestión? ¿O, acaso, la violencia es la resultante de la falta de competencia para gestionar el capital humano? Sin duda, este último interrogante es el que mejor representa una gestión obsoleta visible a la luz de los acontecimientos y perjudicial tanto para los auxiliares de la justicia como para la institución, que pierde credibilidad, acentuando la disonancia entre los principios éticos, y su misión en la que se erige, con su materialización en la práctica. Si no, basta con mencionar la omisión de naturaleza prebendaria de no pagar impuestos a las Ganancias, lo cual es revelador de la insensibilidad ante la flagrante inequidad respecto del resto de la población. Sólo lo hacen quienes ingresan en el presente.
Las consecuencias
Las condiciones laborales en las que deben transcurrir las pericias psicológicas, psiquiátricas, forenses, deben ser dignas, acorde con la labor a desempeñar y preservadas principalmente en su factor humano, en las relaciones laborales positivas y eficaces. Sin embargo, la propia estructura y estilo de gestión imperante, lejos de potenciar las capacidades existentes, propicia el desarrollo de conflictos permanentes, el trato desigual ocasiona la rivalidad y competencia entre los trabajadores, además de minar su salud. Así subyace -en aquellos que responden obsecuentemente a una decisión arbitraria de un superior- la idea de obtener algún beneficio o protección respecto de aquel que se conduce conforme a su rol y principios éticos deontológicos.
La negación de la violencia laboral señalada- no hace sino reconocer la propia complicidad de algunos funcionarios responsables de alimentarla.
* Especializada en Psicología Judicial Multifuero y Laboral.
