ESCUCHARPor Matías Altamira *
Fue noticia nacional que los flamantes titulares de los derechos televisivos de los campeonatos de fútbol de AFA y la Súperliga no quieren que los hinchas difundan en Internet sus videos autogestionados.
Como la cuestión económica excede esta columna, solo se tratará la cuestión del ejercicio y defensa de los derechos de propiedad intelectual que pueden ejercer las empresas Fox y Turner, en su carácter de titulares, y su relación con los derechos individuales de las personas que mediante el pago de una entrada a un espectáculo deportivo pretenden filmar su asistencia y difundirla en sus redes sociales.
Muchos eventos pagos prohíben la toma de fotografías y la filmación del espectáculo; si bien algunos asistentes reniegan, todos aceptan esas reglas de juego. En los partidos de fútbol, la historia, es decir los antecedentes y sus correspondientes usos y costumbres, que tanto ilustran en las causas judiciales, es diametralmente opuesta. Los asistentes filmaban todo el partido, replicando instantáneamente esa experiencia en las redes sociales si se contaba con un servicio de transmisión en vivo (streaming); o ya en sus casas editaban las jugadas más polémicas, los goles más fantásticos, y los cánticos de las hinchadas para engrosar su biblioteca de YouTube y, en muchos casos, obtener el reconocimiento del público mundial por los millones de reproducciones obtenidas.
Ahora, los dos nuevos dueños del fútbol por TV, gracias a su inversión de más de US$1.000 millones, pretenden tener también la exclusividad en las redes sociales y demás plataformas de difusión de videos. Para ello, cuentan con un área que monitoreará todo en el ciberespacio, para que no afecten la versión oficial de los partidos. Este software comparará cuantas imágenes y videos se difundan, para descubrir a quienes repliquen el contenido sin tener los derechos correspondientes. Al encontrar una reproducción ilegal, se dará de baja el contenido instantáneamente en Twitter y a los pocos minutos en Facebook y demás ámbitos.
La primera cuestión es si tienen derecho a hacerlo. La respuesta es “sí”. Estas empresas han adquirido los derechos de transmisión en exclusividad; por ello, así como no puede ir otro canal de televisión con su propio camarógrafo a la cancha, tampoco lo puede hacer cualquier simpatizante con la cámara de su celular. Ambos casos violentan los derechos que la AFA les concedió onerosamente a estas empresas.
La segunda cuestión es más operativa, ya que al camarógrafo es fácil divisarlo y prohibirle su actividad, pero ¿cómo se hará con las más de 50.000 personas que individualmente filmen las jugadas? ¿Se les retirarán sus celulares a los que encuentren in fraganti? ¿Se les prohibirá el ingreso? Serían medidas impracticables. La alternativa elegida es vía un algoritmo que “navegará” la web y los portales en busca de archivos que contengan idéntica información; por ejemplo, YouTube a través de ContentID compara el fragmento o la transmisión en vivo subida por los usuarios contra la huella digital informada por el dueño de los derechos y, si coinciden lo elimina, como sucede con las películas de las productoras cinematográficas.
¿Bajan el video y listo? No. Cada persona al registrarse en las redes sociales y portales de transmisión de videos acepta determinados términos y condiciones, entre los que se declara que no se afectarán los derechos de propiedad intelectual de terceros, reconociendo que, si un titular de derechos autorales se queja, el video será bloqueado y, de repetirse esta violación, el usuario será sancionado temporal o definitivamente, según la gravedad.
Seguramente, al ingresar al estadio, se informará que no se puede filmar, aunque no haya una persona que expresamente lo prohíba; entonces, muchos quizás realicen sus filmaciones, pero éstas solo serán para disfrute personal, y no podrán compartirse porque de realizarlo, serán bloqueados, suspendidos y sancionados en sus redes sociales. Todo ello con fundamento en el contrato celebrado entre AFA, Fox y Turner, más la violación de los términos y condiciones que dijeron aceptar al registrarse en las distintas plataformas.
* Abogado, especialista en Derecho Informático
