ESCUCHARTambién aumentaron las muertes violentas. En lo que va de 2017 se ahorcaron, la misma cantidad que en los tres años anteriores. La Procuración Penitenciaria advierte del desmantalamiento de los programas de salud mental
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) informó sobre el preocupante crecimiento de la tasa de suicidios y muertes violentas sucedidas en lo que va de 2017 en la cárcel Ezeiza.
Según indicó, en el transcurso de este año de ese modo fallecieron siete; misma cantidad que en los 36 meses anteriores (dos en 2014, tres en 2015 y dos más en 2016).
A este elevado incremento de fallecimientos por ahorcamiento se suma un importante índice de muertes violentas: en 2017 fueron 13, lo que prácticamente iguala en poco más de un semestre las 14 muertes violentas registradas en todo el año 2016. Los 24 fallecimientos -que agrupan violentos y no violentos- registrados en estos seis meses y fracción resultan también motivo de preocupación, si se compara su proyección anual con los 36 casos contabilizados en todo 2016, y los 38 en 2015, indica el informe.
Investigación
La PPN advierte de la complejidad de asignar a las muertes bajo custodia categorías definitivas, como suicidio u homicidio. “En el caso de los fallecimientos por ahorcamiento, más aún en contexto de aislamiento, resulta inadecuado arriesgar sin más definiciones como suicidio, al menos sin poner previamente en crisis la participación de terceras personas, y hasta la intencionalidad de la víctima en el caso de tratarse de una autoagresión”, subraya el relevamiento.
En este sentido, el organismo destaca que las investigaciones administrativas realizadas por la PPN ante cada caso de muerte por ahorcamiento registrada, permiten asociarlas a “diversas prácticas estatales lesivas de los derechos humanos”.
El informe revela “la ausencia de una política proactiva de promoción y protección de la salud mental de las personas detenidas, entendida desde una perspectiva integral que, en términos de régimen penitenciario imperante, hace a la experiencia de encierro cotidiana vivible o, por el contrario, mortificante”.
También hace referencia a la caída en desuso del Programa de Prevención de Suicidios, que persiste sólo formalmente, y el progresivo desmantelamiento del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma).
En este contexto, el informe subraya la “necesidad de la administración del servicio penitenciario de replantearse el restablecimiento de canales de comunicación e intervención fluidos y eficaces, evitando así medidas de fuerza con riesgo tan elevado para la integridad física de las personas detenidas”.
La reiteración de casos de ahorcamiento ocurre muchas veces “como respuesta extrema ante un reclamo persistentemente desoído -detenidos que solicitan el ingreso de un familiar, acceso a un teléfono, suspensión de una situación de aislamiento en solitario agobiante, o el traslado a un establecimiento cercano a su hogar”, concluye el organismo.
