ESCUCHARPor Salvador Treber
Argentina no ha sido miembro fundador del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo creado en el año 1944 junto con el entonces denominado Banco de Reconstrucción y Fomento, luego sustituido en esta denominación por Banco Mundial (BM). La causa fue su carácter de país supuestamente “neutral” y un gobierno notoriamente simpatizante de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial (1939/45). El primero tiene como centro de su gestión la evaluación de las políticas de corto plazo y el segundo, el apoyo mediante préstamos de mediano y largo plazos a los países asociados que lo requieran. La gestión del primero incluye un cierto grado de “vigilancia” para que las conducciones nacionales sigan fielmente los lineamientos que él elabora.
En lo referente a la operatoria del actual BM, tal como su primera denominación lo sugería, tuvo inicialmente como objetivo coadyuvar a concretar la más rápida recuperación productiva y de vivienda en los países triunfadores, habitualmente identificados como “los aliados”, y además evitar que influencia territorial muy cercana de la entonces muy temible Unión Soviética. Ello no era una fantasía o mera imaginación pues en Francia e Italia eran por entonces mayoritarios los partidos políticos que simpatizaban con ese país de Europa oriental. Esa misión se concretó en tiempo récord y, consecuente, fue objeto del precitado cambio no sólo de denominación sino de objetivos.
Cabe advertir de que en cuanto a la última presencia del FMI y sus evaluaciones anuales, de tal gestión quedan expresamente exceptuados los países asociados que tienen mayor grado de desarrollo. En nuestro caso, luego de ingresar con “retraso”, en 1957, el primer acceso a un préstamo se verificó durante la gestión presidencial del doctor Arturo Frondizi. La posterior interrupción de dicha relación se debió a las notorias disidencias con las “recomendaciones” del FMI y se prolongó por una década a partir de 2006 inclusive. Casi a fines del año 2016, reanudada la relación, el FMI hizo conocer el resultado de su revisión respecto a lo actuado por sus gobernantes, explicitando las conclusiones y respectivas recomendaciones. Su contenido no sorprende pues se ha fundado en los lineamientos que casi sin variantes lo han caracterizado durante sus poco más de 70 años de su creación.
La gestión actual del FMI
Es oportuno tener muy en cuenta que en los últimos años aparece totalmente desprestigiado y las relaciones que mantiene con la mayor parte de los países que lo constituyen son de escasa relevancia. En tal contexto, nuestro país no tenía ningún acuerdo vigente pues sus gobernantes no compartían el pensamiento neoliberal que representan y su retorno está fundado en que ahora hay sintonía y comunidad con ese ideario.
En la actualidad, apenas ocho países han recurrido a su “apoyo”, pues la mayoría prefiere no tomar compromisos con ese organismo pues teme que les trabe o dificulte la adopción de medidas sin tener que hacer consultas al efecto. Otro ejemplo de esa preferencia por tener “las manos libres” lo ofrece Brasil, que también hace una década no tiene compromisos económico-financieros con ninguno de los dos organismos internacionales.
El precitado informe sostiene que “el núcleo duro” de la problemática argentina actual está centrado en la permanencia de fuertes desequilibrios presupuestarios pero se detiene a saludar las acciones oficiales orientadas a bajar el costo salarial.
Fiel a tales lineamientos, advierte y elogia que no se use el financiamiento por medio de emisión monetaria, al par que respalda laudatoriamente la gestión rectora del Banco Central para combatir, según su criterio, exitosamente la inflación; a la que insiste en señalar como el principal problema por resolver. En cambio, no hace comentario alguno respecto del acelerado sobreendeudamiento que se viene concretando y que debería ser inquietante por el ritmo que viene asumiendo; en especial, porque se ha afectado en elevadísima proporción a financiar gastos de consumo y no a inversiones productivas ,y desde diciembre de 2015 ya asciende a US$94,8 mil millones.
La sintonía de pensamiento con los actuales gobernantes argentinos, por lógica, logra no sólo tener influencia sino que son mencionadas en carácter de respaldo al accionar de estos últimos 16 meses de gestión. No debe dejarse de evaluar el notorio retroceso registrado en el comercio exterior y las previsibles dificultades que en poco tiempo más pueden jaquear muy seriamente la respectiva gestión. En tal situación no es arriesgado presumir que, después de octubre próximo, pasado el acto electoral, se concrete algún tipo de acuerdo con el FMI para mejorar, aunque sea transitoriamente, la disponibilidad de divisas. Es obvio que en esas circunstancias la recomendación de sus funcionarios se puede hacer mucho más exigente.
Al respecto, la implementación combinada de “recortes” del gasto público coincidentes con una baja de la presión tributaria y con la eliminación del déficit pueden afectar seriamente no sólo la concreción de inversiones productivas, que ya vienen siendo retrasadas, sino en servicios vitales como educación y salud pública. Por algo el informe se detiene en sugerir con marcado énfasis sendas sensibles y convergentes reducciones relativas al número de agentes y en sus respectivas remuneraciones. A ello agrega su convicción sobre la eliminación de todo tipo de subsidios, a lo que adosa como verdadero imperativo la adecuación de los gastos (léase recortes) en Seguridad Social para llevarlos a niveles notoriamente inferiores.
Las “sugerencias” no discutibles
Quizá la mayor presión la haya ejercido para lograr la eliminación de todos los subsidios en el área energética, en coincidencia con una programada escalada de sucesivos y elevados incrementos de las tarifas. Todo lo antes mencionado no constituye ninguna novedad pues son lineamientos característicos de todo programa de ajuste que responde al FMI y que siempre causa reducciones en la variable consumo e incide para acentuar la polarización en cuanto al ingreso y la riqueza (ricos mucho más ricos y, en el otro extremo, un incremento inusitado de los que ven acentuada su habitual situación de pobreza).
Es obvio que ello -si se extiende en el tiempo, como pretende- irremisiblemente contribuye a generar una sociedad mucho más conflictiva e injusta y ello agrava las tensiones, eleva la peligrosidad de la convivencia e incentiva la tendencia a cometer ilícitos de toda índole. En suma, el sistema descripto siempre conduce a la vigencia de un clima peligroso que, además, tiende a reducir la productividad y debilitar la perspectiva de crecimiento.
Es muy llamativo que en el informe se advierta muy alta preocupación respecto al esquema vigente en materia de seguridad social; sostiene que en un futuro próximo se volverá muy problemático mantener las prestaciones, pero aparece totalmente contradictorio que propugne reducir la carga actual de las contribuciones patronales afectadas a cumplimentar esa finalidad. Luego de elogiar la iniciativa concretada por medio de la denominada “Ley de Reparación Histórica”, para advertir de que hay serios riesgos en lograr por mucho tiempo la continuidad de los beneficios actualmente reconocidos. En esta forma justifican su expreso ”consejo” de reducir cuanto antes el actual nivel de tributos y beneficios.
Volviendo sobre el tema, y con vistas a una futura nueva ley, sostiene también que debería modificarse el régimen vigente de movilidad jubilatoria con el objeto de bajar el nivel de la relación entre el importe salarial y el respectivo beneficio social. En el mismo sentido sugiere elevar la edad para gozar del beneficio en el colectivo femenino hasta igualar el del masculino. Con menor énfasis también saluda la decisión de nuestro gobierno de no interferir en ningún aspecto la decisión de no “involucramiento en industrias privadas” y permitir que éstas operen en pleno ejercicio de lo que denomina sus “naturales” facultades. Resulta obvio que esto obedece a su tradicional y permanente línea ideológica.
Las perspectivas de los próximos años
En este momento es indispensable tomar en cuenta que desde el 10 de diciembre de 2015 hasta fines de mayo de 2017 (17 meses y medio) en el ámbito del sector público se ha prescindido de más de 75 mil funcionarios y empleados; mientras en el privado, entre los que están en esa situación y los suspendidos (en especial en los sectores automotor y de autopartes) ascienden a nada menos que 175 mil. Por lo tanto, el “clima social” está notoriamente enrarecido. Dado que el FMI tradicionalmente ha priorizado reducir la inflación preexistente y a tal efecto postula la introducción de medidas de neto corte recesivo, los pronósticos de los especialistas privados más respetados no son nada tranquilizantes pues las tasas de crecimiento, por lo menos en los próximos dos años, serán muy bajas.
En consecuencia, lo actuado hasta ahora por el organismo es relativamente poco significativo y los aspectos más severos de su visión antiinflacionaria seguramente se han postergado para implementar después de octubre próximo, por razones obvias. Una pista sobre lo que nos espera surge de ciertos párrafos del informe, en que cataloga de “elevados” los gastos en educción y salud, para lo cual hace una comparación improcedente con respecto a lo que sucede en otros países de los denominados “emergentes”. Incluso ni siquiera considera que en 2016 ya se hizo un “recorte”, a valores corrientes, de seis por ciento, mientras los de salud perdieron ese mismo porcentaje pero a valores reales.
En esta instancia se puede apelar a aquello de “para prueba basta un botón”, pues los ocho países que se vienen aplicando programas implementados según lineamientos dictados por el FMI, se debaten en muy serias recesiones y procesos de concentración del ingreso. Los lineamientos del Presupuesto nacional para el año en curso ya reflejan esos límites pues se trabajó en su elaboración sobre la base de un índice inflacionario de 17%, y el propio organismo estima que, en promedio, dicho indicador trepará a 25%; con lo que se verifica que magnifican los precitados mencionados “recortes”. El hecho de que mientras los que están ubicados en el 20% que constituye la base de la pirámide distributiva hayan perdido alrededor de 15%, mientras igual proporción de los que ocupan la cima sólo debieron resignar apenas 1,8%, se verifica el criterio de implementación.
Nuestro ministro de Hacienda no ha ocultado el contenido de su diagnóstico, no por casualidad coincidente con lo hecho conocer por el FMI que apunta, según él, a mejorar “el clima de negocios” y también el propósito de bajarlo muy sensiblemente. Una exteriorización de ello es la insistencia con que generan una notoria baja del gasto público que, por otra parte, se extiende a las tres jurisdicciones, imponiendo paralelamente una disminución en la carga tributaria que recae sobre empresas y empresarios del más alto nivel.
