ESCUCHAR¿Qué está en juego? ¿Cuáles fueron los actores ausentes? La mirada de las especialistas Susana Roitman, Claudia Laub y Virginia Romanutti
Por Carolina Klepp – [email protected]
El conflicto relativo al servicio de transporte público de pasajeros en Córdoba despertó múltiples análisis. ¿Cómo lo observan desde la sociología? ¿Qué inside hacen del tema? Tres sociólogas brindaron sus visiones y apuntaron a “cuestiones de fondo” que subyacen a la problemática.
Para Susana Roitman, investigadora sobre conflictividad laboral y docente de Sociología del Trabajo de la Universidad Nacional de Villa María, hay desinformación sobre cuáles son los reclamos concretos de los choferes. “Lo que están pidiendo no es ninguna cosa extraordinaria sino que piden que se aplique correctamente la paritaria nacional”. Y agrega: “Piden una equidad en el tratamiento entre los choferes de Córdoba y los de Buenos Aires, que tienen un básico más alto”.
Como investigadora del sector transporte, apunta que ese reclamo “estaba firmado en actas y no se aplicaba porque la UTA (Unión Tranviarios Automotor) provincial siempre estuvo en manos de personas que estaban más o menos de acuerdo con la patronal. Cuando las bases rebasaron esa situación de cansancio frente a una UTA que no respondía a los trabajadores, entonces se intervino la UTA de Córdoba. Las bases no se han podido expresar nunca, lo único que se logró es hacer elección de delegados que se comprometieron frente a las bases a hacer cumplir el convenio como corresponde en Córdoba”.
También hizo hincapié en otro de los “condimentos”: el reclamo por mejores condiciones laborales. “El estado de las unidades es deplorable y eso es algo que les interesa a los usuarios y a los trabajadores, que afecta no sólo a quien tiene que viajar amontonado como ganado sino también la salud de los trabajadores”.
Roitman también analizó el eje de las responsabilidades que están en juego en el conflicto: “El intendente, quien es supuestamente el regulador del transporte, debería obligar a las empresas a cumplir los pliegos licitatorios, que no los cumplen. Entonces, ¿quiénes son rehenes de quién? Los usuarios son rehenes del intendente y de las empresas”.
También apuntó a los muchos “intereses en juego” empresariales, y la “emergencia de las bases que exigen a las conducciones sindicales que ‘se pongan las pilas’ y defiendan los intereses de los trabajadores. Presentar el problema de guerra de trabajadores contra trabajadores que los dejan a pie es un problema comunicativo de los medios, que no dejan transparentar las razones que mueven al paro”.
Finalmente, afirmó que “en la ciudadanía se ha despertado la pregunta ¿qué está en juego acá?”. También se refirió a las empresas, al intendente y a la UTA nacional como responsables en el tema.
Por su parte, Claudia Laub, presidenta de la Asociación Civil El Ágora, anexó otra pregunta a la mirada sobre el conflicto: “En el juego de actores ¿dónde está el empresario? No he visto el análisis sobre los empresarios, es un ping-pong entre los trabajadores y la Municipalidad. Las empresas privadas y los empresarios están ausentes en el debate público”.
Y agregó otras inquietudes que emergen con más fuerza en el análisis del escenario social luego de los días del paro: “¿Por qué tenemos el boleto más caro? ¿Cuánto reciben de subsidio las empresas?..”.
¿Y los usuarios?
En tanto que Virginia Romanutti, coordinadora Ejecutiva de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, advierte de que no hay en la política de transporte un espacio para escuchar al usuario como ciudadano. “La ciudadanía no es un actor relevante. En este sistema de representantes deberían plantearse mecanismos que superen la representatividad delegada para ir hacia una construcción participativa con el ciudadano”, dijo.
Analizó que la movilidad en la ciudad hoy no tiene soluciones de fondo. Para la red que coordina, la forma como se toman las decisiones, la necesidad de transparentar los criterios de ellas, de los acuerdos y negociaciones entre sectores, y la exclusión sistemática de los usuarios en el proceso de decisión, control y evaluación del sistema de transporte público “son en gran parte la causa de la ingobernabilidad del transporte público urbano de pasajeros y de la puja de intereses corporativos y especulativos que en ningún momento consideran el sentido sustantivo de la movilidad urbana como bien público”.
Romanutti insistió en la creación de una instancia intersectorial de participación, control y evaluación de la política pública de transporte con participación de los usuarios. “El Marco Regulatorio vigente prevé una instancia denominada Comisión de Transporte, que no se encuentra en funcionamiento pero que además de ser no vinculante, no incluye entre sus funciones la de contralor, elemento esencial”, concluyó.
Los nueve días de paro de la prestación del servicio del transporte urbano de pasajeros en la ciudad seguirán dando múltiples aristas de análisis. Tres miradas del conflicto desde la óptica de la sociología.
