Los empleados afrontan una causa penal por hechos violentos. La empresa Monsa, propietaria de la línea de colectivos 60 de Buenos Aires, adelantó que apelará la medida
La jueza del fuero Laboral porteño Stella Maris Vulcano le ordenó a la empresa Monsa, propietaria de la línea de colectivos 60, que reincorpore provisoriamente en sus cargos a 10 empleados que fueron despedidos hace dos semanas.
Además, la intimó a dejar sin efecto la suspensión de otros 20 trabajadores.
Vulcano dictó la cautelar tras admitir el pedido presentado por la conducción del gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), pese a que los involucrados fueron acusados de atacar al personal administrativo y de causar destrozos en una terminal de Barracas, en septiembre de 2016. Por el episodio hay una causa penal en curso.
“Haré lugar a la medida cautelar solicitada en aras de la paz social y a fin de evitar perjuicios a ambas partes (empresa y trabajadores) y a los ciudadanos usuarios del servicio”, argumentó la jueza. En tanto, le solicitó a los gremialistas un “compromiso” a fin de que no activen nuevas medidas de protesta. Los propietarios de Monsa y adelantaron que apelarán la medida.
Sobre los empleados despedidos y suspendidos pesan procesamientos. Todos integran la comisión interna de delegados de la línea 60 y afrontan causas por incidentes anteriores, como lesiones, amenazas con armas de fuego y por no cobrar boleto como metodología de protesta, lo que podría ser penado como estafa, según argumentan los patrocinantes de la empresa.