Será debatido a partir de hoy en un plenario de comisiones. La iniciativa es avalada por las confederaciones Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y General Económica (CGE)
El proyecto de reforma de la ley de “compre argentino”, que busca ampliar los márgenes de preferencia para proveedores nacionales en las adquisiciones públicas, comenzará a ser debatido hoy en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que ingresó la semana pasada a la Cámara Baja, empezará a tratarse a partir de las 14 en una reunión de las comisiones de Obras Públicas, que preside Sergio Ziliotto, y de Pequeñas y Medianas Empresas, a cargo de Pablo Kosiner (ambos del Bloque Justicialista).
Se trata de una ampliación de los beneficios de la ley 25551, conocida como “Compre Trabajo Argentino”, impulsada por el Ministerio de Producción y elaborado por la Secretaría de Industria, que establece incentivos para que prevalezcan los productos que contengan una mayor integración de piezas producidas en el país.
El envío del proyecto había sido anunciado el pasado 12 de mayo, oportunidad en la que los ministros de Producción y de Trabajo anticiparon que las empresas nacionales tendrán un margen de preferencia en las ofertas que realicen para licitaciones realizadas por el Estado de 12% en el caso de las pymes, y de 8% cuando se trate de grandes compañías.
Herramienta
Las compras públicas representan en el país más de 5% del PBI y 2,5% del empleo. Con el proyecto se buscará apuntalar el desarrollo de la industria nacional, particularmente en aquellos bienes con alto contenido tecnológico. El “Compre Nacional” es una herramienta utilizada en diversos países del mundo -Estados Unidos, Canadá, Japón, México, Italia o Brasil-, donde se promueven medidas similares con el objetivo de estimular la industria local.
Su aplicación en Argentina se inició a fines de 2001, con un impacto positivo en la pequeña y mediana industria, que no resultó suficiente para que estas empresas fueran efectivamente beneficiadas en el proceso de compra.
El proyecto cuenta con el aval de distintas cámaras representantes de pymes de diversos sectores, como las confederaciones Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y General Económica (CGE), entre otras.