Después de que la presidenta de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, Graciela Camaño, postergó la citación (prevista para ayer) de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y la intimó a aportar más información por escrito antes de comparecer para dar explicaciones por las denuncias de mal desempeño en su contra, la diputada Elisa Carrió solicitó que se incorporen nuevas causales para acusar a la funcionaria.
Carrió recordó que en junio del año pasado promovió el juicio político en contra de la procuradora por “la ilegal designación de fiscales” y la posible comisión del delito de encubrimiento.
Ahora, mientras la Justicia investiga las operaciones inmobiliarias realizadas por la procuradora, Carrió pidió que esos hechos se sumen como causal, ante las “serias dudas respecto de la legalidad de la licitación” en torno al inmueble ubicado en avenida Corrientes al 1615, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al alquiler de otro edificio.
Se trata del planteo realizado por Carrió ante la el Poder Judicial días atrás, cuando aportó información en la causa en la que se investiga a Gils Carbó por el manejo presupuestario del Ministerio Público, a partir de una denuncia del fiscal José María Campagnoli.
“Nos encontramos ante operaciones que podrían haber constituido delitos, ya que se realizaron sin observar la normativa y los procedimientos aplicables, y que permitieron un dispendio de dinero por muebles e inmuebles que no se llegaron a utilizar, además de usar presupuesto para ejercicios futuros”, señaló la legisladora en su escrito.
La diputada ya había adelantado que esos elementos serían agregados al pedido de juicio político presentado por su bloque en el año 2013 y ampliado en 2016. El planteo se realiza paralelamente al trabajo que lleva adelante bicameral.
Gils Carbó deberá exponer en junio porque ingresó nueva documentación y los diputados de Cambiemos pidieron más tiempo para estudiarla. Además, la funcionaria deberá explayarse sobre preguntas concretas que se le hicieron antes de acudir personalmente.
Fiscales
La semana pasada, el presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, y los fiscales Guillermo Marijuan, Raúl Pleé y Germán Moldes expusieron sobre irregularidades en los traslados y designaciones de fiscales sin los respectivos concursos, como sucedió en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) con el fiscal cordobés Carlos Gonella, el ex titular de esa dependencia, actualmente procesado por prevaricato, por su intervención en las primeras etapas de la instrucción de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, que involucra al empresario Lázaro Báez.
Pleé, quien estaba a cargo de la unidad especializada en lavado de dinero que fue reemplazada por la Procelac, aseguró que su sucesor fue “puesto” en el cargo pese a que “era secretario de una fiscalía de un tribunal de Córdoba”.
Así, respaldó uno de los argumentos del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que reclamó que Gils Carbó sea sometida a proceso porque violentó reiteradamente el mecanismo legal de nombramientos de subordinados siguiendo “sus preferencias personales”.