ESCUCHAREstá siendo analizada por el fiscal General Alejandro Moyano y por el Tribunal Superior de Justicia. De entenderse que puede configurarse delito, la causa pasaría a Hugo Amayusco
La denuncia penal formulada por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, contra el juez de Control, Esteban Díaz Olmos, por presunto cobro de coimas, puede recaer en el fuero Penal Económico, según indicaron a este medio fuentes del Poder Judicial.
Gavier hizo la presentación ante la Fiscalía General y ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los cuales deberán determinar si se configura el ilícito penal denunciado y, en ese caso, girar el expediente para su correspondiente investigación. En caso de enviarse al fuero Anticorrupción, será el juez Hugo Amayusco quien deberá hacerse cargo de la instrucción, habida cuenta de que es hoy el único magistrado en ejercicio -su par Gustavo Hidalgo fue ascendido-.
La denuncia contra Díaz Olmos sacudió ayer la Justicia de Córdoba. Mientras Gavier se mostró cauteloso en sus declaraciones a la prensa, el juez denunciado prefirió mantenerse en silencio.
Liberado tras una coima
Gavier acusa a Díaz Olmos de haber liberado sin fundamentos al acusado José Walter Bucheme, vinculado con “La Trenza”, un grupo que supuestamente manipula remates judiciales. El caso se remonta al año 2012.
Como pruebas, el fiscal aportó supuestas escuchas telefónicas en las que la actuación de Díaz Olmos se vería comprometida por coimas que se habrían producido en la misma sede de su juzgado. En aquéllas se oye a quien sería la esposa de Bucheme hablar con un familiar directo para que se apure en llevarle dinero “a Díaz” porque está “en el juzgado”. Esa misma tarde, Bucheme fue liberado.
Además de denunciarlo penalmente, Gavier recusó también a Díaz por parcialidad. Asimismo, le reprochó que antes de liberar a Bucheme se haya presentado el abogado Ernesto Gavier, como nuevo defensor.
La causa
Bucheme fue imputado por Gavier por los supuestos delitos de usurpación, defraudación por contrato simulado, falsedad ideológica, tentativa de estafa procesal reiterada y uso de instrumento público falso reiterado. Habría intentado apropiarse de una casa cuya mitad había adquirido en un remate posterior a un divorcio.
Ana María Ghisleri, la supuesta damnificada, se quedó con el otro 50 por ciento y debió litigar contra Bucheme, quien habría desoído órdenes judiciales y ocupó la propiedad con inquilinos y contratos de locación de dudosa validez.
La mujer asegura haber vivido “un calvario” luego de que Bucheme compró en remate la mitad indivisa de un inmueble -ubicado en barrio Alto Verde de la ciudad de Córdoba-.
