ESCUCHARPese a no tener habilitación para operar, y con el Gobierno, la Justicia y los taxistas en su contra, la empresa creció. Ahora, diseña su estrategia para recurrir la sentencia que le impediría a los usuarios contactarse con los choferes. Ricardo Gil Lavedra representa al CEO de la empresa
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña confirmó el bloqueo nacional de las plataformas digitales por las que se accede al servicio de transporte automotor Uber.
El tribunal hizo lugar a la solicitud del fiscal de Cámara Martín Lapadú, quien lleva adelante la investigación en contra de la firma por su supuesta actividad ilícita.
Los jueces Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo respaldaron la decisión de primera instancia y estimaron que la empresa “organiza una actividad lucrativa sin autorización” y que, por ello, está provisoriamente demostrada la materialidad ilícita de su giro.
A fines de enero, a pedido de la Fiscalía de la Ciudad, la jueza María Fernanda Botana ordenó que las empresas que prestan servicios de Internet en la Argentina bloquearan la página y la aplicación móvil que une a los choferes particulares con los pasajeros.
El fiscal Lapandú le había reclamado también que dispusiera la detención del CEO de Uber, Mariano Otero, pero Botana desestimó ese planteo.
A un año de su desembarco en el país, la firma norteamericana recibió otro revés judial, pero ya anunció que apelará ante el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pese a no tener habilitación para operar, y con el Gobierno, la Justicia y los taxistas en su contra, la empresa creció. Tiene cinco mil conductores activos y 1,1 millones de potenciales usuarios; es decir, personas que descargaron la aplicación en sus celulares.
De hecho, durante el paro de la semana pasada la compañía cuadriplicó su actividad, ya que la medida llevó a que mucha gente que no había probado el servicio lo usara. Algo similar pasó a fines de diciembre del 2016, cuando paró el transporte en reclamo por el impuesto a las Ganancias. En esa oportunidad, Uber triplicó sus viajes y también ganó nuevos usuarios.
Hasta ahora, logró superar el bloqueo de las tarjetas de crédito y cobra en efectivo.
Hay tres causas en trámite en el marco de la embestida del Poder Judicial: una por evasión tributaria y lavado de dinero y otras dos por contravenciones varias.
El coordinador general de la iniciativa “Justicia 2020”, Ricardo Gil Lavedra, representa a Otero y ya recusó a Lapandú, al entender que afectó el derecho de defensa de su asistido y que usó la investigación de modo intimidatorio.
La estrategia defensiva se basa en alegar que el procedimiento contravencional está hecho para otros casos y de que se busca “deformar” una falta para prohibir a Uber.
