Ingresarán esta semana al legislativo comunal. No obstante, pueden ser tratados recién en febrero, en sesiones extraordinarias. Por lo pronto, rige la extensión de contratos con LUSA y Cotreco. La decisión sobre el futuro del servicio es uno de los temas pendientes de la administración municipal
El Ejecutivo municipal enviará finalmente esta semana al Concejo Deliberante los pliegos de licitación para concesionar por ocho años el servicio de higiene urbana de la ciudad, decisión que fue confirmada a Comercio y Justicia por fuentes oficiales y también por el cuerpo deliberativo.
Con todo, el debate legislativo de los pliegos, que requieren doble lectura, recién se concretaría en febrero próximo, en caso de que el intendente Ramón Mestre habilite el período de sesiones extraordinarias, o bien directamente en marzo, ya en el período ordinario de sesiones.
Se trata de uno de los temas de gestión más importantes y materia pendiente de la administración Mestre.
Es que luego de licitar y adjudicar el servicio de transporte urbano de la ciudad, el jefe comunal no pudo avanzar definitivamente con la normalización del servicio de higiene urbana, más allá de los cambios de titularidad de los prestadores.
En ese marco, el Ejecutivo confirmó a este medio el inminente envío de los pliegos. “Deben ingresar al Concejo antes del jueves próximo, fecha en que concluye la prórroga de las sesiones ordinarias”, recordó -por su parte- el cuerpo deliberativo.
Según trascendió, el texto de los pliegos ya pasó por las diferentes áreas competentes del Ejecutivo y esta semana finalmente llegarán al Concejo.
Si bien el intendente había deslizado tiempo atrás que los pliegos se debatirían en extraordinarias, en enero, ahora trascendió que el análisis será sólo en febrero.
Es que originalmente no estaba previsto que se extendiera el período ordinario de sesiones que concluirá finalmente este jueves.
En ese caso, si se habilitaren las extraodinarias como continuidad del período que concluye esta semana, el Concejo debería sesionar buena parte del mes de enero, toda vez que los pliegos requieren doble lectura y audiencia pública intermedia.
En esa línea, la estrategia sería tratarlos en febrero.
El otro punto que comienza a jugar como presión es precisamente el de los tiempos.
En un año electoral como 2017, la dilación en los plazos para aprobar las bases del llamado a concurso, sumado al período de licitación y posterior adjudicación, dejará “flancos abiertos” ante cualquier dificultad o duda, para las críticas desde la oposición política.
Los antecedentes hablan por si mismos.
La anterior licitación fracasó luego de múltiples dilaciones y con fuertes críticas desde diferentes sectores.
El municipio asegura que la situación esta vez será diferente pero admite que se trata de un tema sensible.
En todo caso, la opción sería llevar el proceso de licitación para después de las elecciones.
Por lo demás, los pliegos que se debatirán en el Concejo Deliberante incluyen varios de los elementos básicos que abarcaban los anteriores, con los que se licitó el servicio a fines de 2013 -que luego resultó desactivado-.
Claro que, para evitar que se disparen los costos -como en aquel momento-, excluye prestaciones determinadas.
La concesión será por zonas, como ahora, por un plazo de ochos años, con posibilidad de una extensión.
También sumará la “contenerización” en áreas claves, esto es la incorporación de contenedores para concentrar los puntos en los que se depositarán los residuos.
Paralelamente, se avanzará en el desarrollo del proceso de recolección de residuos “secos” -destinados al reciblaje-.
El intendente Mestre resolvió a poco de asumir su primera gestión tercerizar el servicio que prestaba Córdoba Recicla SE (Crese) a las empresas LUSA y Cotreco, hasta tanto se licitara la concesión del nuevo servicio.
El proceso se demoró y recién se concursó en diciembre de 2013, por lo que hubo que prorrogar los contratos tercerizados.
Finalmente, sólo este año se dio por caída la licitación. El municipio y LUSA y Cotreco habían acordado que, en caso de caerse la licitación de la que habían participado -y de hecho se habían adjudicado-, tendrían 24 meses más de contrato.
De esta forma, ambas prestatarias podrán continuar prestando servicio hasta 2018.
En la práctica, de resultar así, habrán quedado a cargo del servicio por siete años, casi el mismo período por el que se licitará la concesión.
Mientras tanto, el municipio avanzó en otros frentes aunque con resultados dispares.
Por el lado de la recolección, creó el Ente de Servicios y Obras Públicas (Esyop), al que le transfirió más de mil empleados del área barrido que estaban a cargo de LUSA y Cotreco. Con esa decisión, el municipio asegura que logró un ahorro mensual en torno a 15 millones de pesos producto del no pago del impuesto al Valor Agregado (IVA).
En paralelo, también acordó con el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) el pago de parte de las indemnizaciones producto del supuesto traspaso de una empresa a otra al momento de concluir una concesión. En rigor, la comuna debió atender a un compromiso asumido con el gremio luego de que fracasó la licitación anterior y, mediante de una particular interpretación, justificar los pagos.
Párrafo aparte para la disposición final de residuos, el otro eslabón clave de toda la cadena.
Hasta ahora en manos de Crese residual, la intención oficial es delegar finalmente en la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba (Cormecor) la responsabilidad de esa prestación.
Sin embargo, hasta el momento los avances respecto al nuevo predio de enterramiento y a la licitación de la infraestructura a instalarse en ese lugar, aún no han avanzado con la dinámica necesaria para su pronta implementación.