ESCUCHARPara la Unión Industrial Argentina (UIA), la litigiosidad laboral mantendrá la tendencia ascendente que mostró en los últimos años y los juicios por accidentes de trabajo llegarán a 50 mil en 2010, por lo que calcula que podrían implicar para el sector empresario alrededor de 2.860 millones de dólares. Asimismo, según los datos de la entidad este tipo de litigios aumentó más de 1.600% desde 2003.
De acuerdo con lo datos difundidos ayer por el abogado y vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, en 2009 se registraron en el país 40 mil juicios por accidentes de trabajo y se reafirmó así la tendencia ascendente que se dio en los últimos años, pues en 2003 hubo 2.947 litigios, en 2005 se dieron 6.857 y en 2007 se registraron 17.232 casos.
El dirigente calculó que en este año podrían registrarse 50.000 juicios por accidentes de trabajo, aunque aclaró que para realizar una estimación más precisa será necesario conocer los litigios iniciados en febrero y marzo.
Asimismo, según la estimación del abogado, cada juicio por accidente de trabajo insume 40 mil dólares a los empresarios, más intereses (que ubicó en 18%) y costas del juicio (que calculó en 25%). De esa manera, la proyección de la entidad fabril para 2010 indica que estos litigios insumirán 2.860 millones de dólares al sector.
Reclamos reiterados
Funes de Rioja llegó a Córdoba invitado por la Unión Industrial local, para difundir -entre otras cosas- su opinión sobre los problemas que origina la actual legislación sobre riesgos de trabajo.
El abogado consideró que uno de los “dilemas de 2010” para el sector es “la industria del juicio”, por la “rigidez” de la normativa existente y por la “mayor litigiosidad” alrededor de riesgos de trabajo.
Estimó que las limitaciones que tienen los empresarios para modificar las condiciones de trabajo de los operarios constituyen en la actualidad “un disparate fenomenal”. Para Funes de Rioja, se trata de “principios propios del fordismo de la década del cincuenta, pero no adecuados a la tecnología que existe actualmente”.
El industrial también se quejó por la aplicación del principio in dubio pro operario -que ante la duda favorece al trabajador- y por la prohibición a los privados de pagar con tickets. “¿Por qué nos prohíben a los privados pagar con tickets, mientras los Estados lo siguen haciendo?”, se preguntó Funes de Rioja.
Otra situación criticada por el abogado fue la que posibilitaría a los trabajadores cobrar el seguro y también demandar al empresario a través de una acción civil. “Hasta la propia Presidenta nos reconoció que el cúmulo es un disparate”, indicó.
Por último, el vicepresidente de la UIA lamentó también la expansión del accidente in itinere -camino al trabajo-, responsable de 30% de las muertes en accidentes laborales según sus cálculos. “Hacerse cargo de eso no es una responsabilidad subjetiva empresaria, sino una responsabilidad objetiva de la sociedad, por lo que los industriales debemos contribuir en la parte que nos toca”, interpretó Funes de Rioja.
El abogado concluyó en que esta “industria del juicio” genera “imprevisibilidad” y “contingencias exhorbitantes” y entendió que esa situación deriva en un aumento de la informalidad. “Hemos reclamado ante la Presidenta, el ministro de Trabajo y el jefe de
