“Las noticias derivadas de la investigación periodística no fueron falsas y no se puede atribuir un obrar culposo”.
Bajo esa premisa, la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia que rechazó la demanda por los perjuicios que O. P. alegó haber sufrido por “difamación hacia su persona”, como consecuencia de su testimonio incorporado a un programa periodístico sobre la venta a gente de escasos recursos de terrenos ocupados. “La exigencia de una práctica periodística veraz, prudente y compatible con el resguardo de dignidad individual de los ciudadanos no puede calificarse como una obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre”, aclaró el tribunal.
Además, plasmó que si la libertad de expresión es fundamental para la subsistencia del sistema democrático, la afirmación de hechos verídicos en temas de interés público no puede ser objeto de sanción por el poder estatal aunque la afirmación pueda afectar, de algún modo, el honor de algunos de los involucrados.
Sobre el caso el tribunal precisó que, desde el punto de vista jurídico, el actor no tenía una posesión legítima, en tanto no era ejercida conforme un título suficiente que cumpliera con las formalidades exigidas por la ley para transmitir los derechos reales sobre inmuebles. En tanto, indicó que tampoco tenía un justo título, toda vez que el titular dominial del lote era desde el año 1979 una empresa, circunstancia conocida por él, tal como surgía no sólo de los documentos acompañados sino especialmente de su intervención en el programa emitido por televisión, en el que participó sin oponer ninguna clase de reparos a esa grabación.
“La información periodística fue veraz, no hubo deformación de la realidad sino la muestra clara y contundente de una forma de accionar que permite usurpar terrenos. El programa periodístico giraba en torno a las usurpaciones de viviendas en el conurbano bonaerense como un problema social, que enfrentaba a usurpadores y propietarios, y demostraba cuál era el modus operandi de aquellos que trataban de darle un ropaje de legalidad a sus actos”, destacó.
Por ello, la Cámara no advirtió ningún daño al honor o a la imagen del actor que pudiera causarle la grabación que luego fue emitida.