ESCUCHARPresentó una nota a la cartera laboral para que, en el término de cinco días, convoque a las partes para “realizar el seguimiento” del acta salarial homologada en marzo por esa dependencia. El sindicato recordó que la Cláusula Cuarta señala expresamente que el convenio se revisará cuando la inflación supere 25%. El Ministerio eludió una respuesta. Evalúan profundizar el plan de lucha
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) presentó ayer ante el Ministerio de Trabajo provincial una nota para que esa cartera convoque en un plazo de cinco días al Gobierno y al gremio a fin de “realizar el seguimiento acordado en la Cláusula de Revisión (Artículo Cuarto)” del convenio salarial firmado en marzo.
De esta forma, el gremio docente sumó presión por otra vía para reabrir la negociación salarial, que por ahora el Gobierno se niega a revisar.
En ese marco, fuentes de la cartera laboral consultadas por Comercio y Justicia evitaron anticipar su estrategia. Con todo, sugirieron que resulta “impertinente” que el gremio pretenda imponer plazos para una citación. Al mismo tiempo, dejaron trascender que la postura del sindicato que conduce Juan Monserrat obedece más a un posicionamiento interno frente a la “efervesencia” de determinado sectores dentro de esa entidad gremial.
Más allá de la interpretación de una y otra parte, el dato objetivo expuesto por los docentes ante el Ministerio de Trabajo es concreto y parece difícil de eludir.
De hecho, la “letra fría” del convenio firmado en marzo señala en su Claúsula Cuarta que “las partes acuerdan que durante el segundo semestre del corriente año, se reunirán a los fines del seguimiento de lo acordado en el presente, en el caso que los índices inflacionarios superen el porcentaje de masa salarial que surge de la aplicación de lo dispuesto en la presente Acta (25%). A tal fin, y en el marco de lo establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N 55/16, se utilizarán los indicadores elaborados dentro del Sistema Estadístico Nacional (SEN)”.
Para la UEPC, es evidente que ya se superó el porcentaje de 25 por ciento referido en el acta.
De hecho, según los datos que admite la Provincia mediante la Dirección de Estadísticas y Censos, a julio pasado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó 25,03 por ciento. Más elevado aún fue el indicador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que marcó un alza de 32 por ciento.
Luego de cotejar diferentes datos referidos a precios, la nota presentada ante Trabajo señala que “se colige de todos estos datos que los índices inflacionarios superaran con creces el porcentaje del 25 por ciento previsto en el Acuerdo, por lo que se impone, por aplicación de Cláusula de Revisión, convocar a las partes para reanalizar la ecuación salarial pactada”.
También la UEPC señala que, “en la determinación de los porcentajes convenidos para el escalafón docente, el Poder Ejecutivo ha incurrido en una seria discriminación respeto del resto del personal que de él depende. En efecto, el salario de los empleados públicos ha sido incrementado en el orden del 32/33 por ciento con fondos provenientes del tesoro provincial, mientras que el salario docente ha recibido un incremento del 25 por ciento y el resto ha sido completado con el importe del Fonid (Fondo de Incentivo Docente), asignación no sólo ajena al presupuesto provincial, sino que posee otro objetivo”.
En ese marco es que el gremio “solicita que, dada la urgencia de la cuestión, fije fecha de audiencia en el plazo mínimo de cinco días previsto por la ley 5350”.
Paralelamente, los docentes requieren que se “establezca el mecanismo atinente a fin de cumplimentar el Anexo II del Acuerdo homologado, establecido en su Artículo 8”, en este caso vinculado con cuestiones laborales de diferente tipo.
Finalmente, requieren a la autoridad laboral que no descuente los días de paro y de asambleas realizados.
En tanto, el secretario General de UEPC, Juan Monserrat, anticipó que desde la semana próxima se concretarán asambleas escolares para debatir las propuestas que se llevarán a la Asamblea General convocada para el lunes 12 de septiembre, cuando se discutirá la eventual profundización del plan de lucha.
Mientras tanto, esta semana se concretará la denominada Marcha Federal, convocada por la CTA de los Trabajadores, entidad integrada entre otras por la confederación docente Ctera. La movilización “contra el ajuste, los tarifazos y los despidos” se concretará entre mañana, el jueves y el viernes. En ese marco, el viernes 2 de septiembre habrá una jornada nacional de protesta.
Mientras tanto, la Provincia ratificó ayer la postura ya esbozada por el gobernador Schiaretti respecto a la política salarial a los empleados públicos. De hecho, estima que los datos de inflación de agosto se ubicarán por debajo de uno por ciento en función de la “baja” en el precio del gas producto del incidencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a esas tarifas, al menos para el sector residencial.
El Gobierno intenta dilatar el reinicio de la discusión salarial a la espera de una señal de la Nación, que por ahora considera inoportuna una reapertura de paritarias. Al mismo tiempo, la Provincia recordó que la recaudación evoluciona por debajo de la inflación, esto es que muestra una baja en términos reales.
El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) aguarda “expectante y con preocupación” la decisión de la Provincia respecto al vencimiento de miles de contratos en la administración pública, que opera mañana. El Gobierno evita precisar cuál será su postura.
