ESCUCHARPor Matías Altamira *
El BID y la OEA presentaron a las autoridades el Informe Ciberseguridad 2016, ¿Estamos preparados en América Latina y el Caribe?, que muestra que la región es altamente vulnerable ante posibles ciberataques.
El Informe Ciberseguridad 2016 es la primera radiografía profunda del nivel de preparación de América Latina y el Caribe ante la creciente amenaza del cibercrimen, en el que se estudiaron 49 indicadores distribuidos en cinco áreas: política y estrategia; cultura y sociedad; educación; marco legal y tecnología.
Entre los 32 países de la región, 4 de cada 5 no tienen estrategias de ciberseguridad o planes de protección de la infraestructura crítica. En la mitad de los casos, los países carecen de un mecanismo coordinado de respuesta a incidentes cibernéticos, y 2 de cada 3 no cuentan con un centro de comando y control para una acción coordinada en la prevención, detección y atención de incidentes de seguridad cibernética. En la gran mayoría de los países, las fiscalías carecen de capacidad para perseguir los delitos cibernéticos, entre otras necesidades.
Uruguay, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, y Trinidad y Tobago se encuentran en un nivel intermedio de madurez, pero lejos de países avanzados como Estados Unidos, Israel, Estonia y Corea.
Luis Alberto Moreno, presidente del BID, al presentar el informe sostuvo que el cibercrimen le cuesta al mundo hasta US$575.000 millones al año, lo que representa 0,5% del PIB global. Eso es casi cuatro veces más que el monto anual de las donaciones para el desarrollo internacional. En América Latina y el Caribe, este tipo de delitos cuesta alrededor de US$90.000 millones al año.
El informe es voluminoso, por lo que se rescatan algunos principios fundamentales, como que las estrategias de seguridad cibernética deben tener un enfoque integral y abarcar aspectos económicos, sociales, educativos, jurídicos, de aplicación de la ley, técnicos, diplomáticos, militares y relacionados con la inteligencia.
Por otra parte, la tendencia cada vez mayor a tener requisitos de retención de datos obligatorios que se justifican en virtud de razones de seguridad puede entrar en conflicto con la privacidad, el anonimato y la libertad de expresión, si los límites de retención de datos y el uso de los datos conservados no se basan en principios como la necesidad, proporcionalidad y el debido proceso.
Los próximos días jueves y viernes, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba desarrollará un Seminario sobre Cibercrimen, un tema -como sostiene el informe- de gran relevancia para cada persona que utilice tecnología: todos.
* Abogado especializado en nuevas tecnologías / [email protected]
