Tras el pedido de procesamiento para los 37 imputados en la causa CBI Cordubensis, en la que se investigan los posibles delitos de intermediación financiera, lavado de dinero y asociación ilícita, el fiscal federal Enrique Senestrari ratificó el pedido de detención del empresario Euclides Bugliotti.
El funcionario judicial remarcó que el procesamiento elevaría la investigación a un “estadio diferente”.
En septiembre de 2015, la Cámara Federal ratificó la imputación sobre el empresario aunque rechazó el pedido de prisión y le fijó una fianza de cinco millones de pesos.
La acusación que se le imputó a Bugliotti y a su contador Javier Guevara Amado se refiere a la utilización de cheques, provenientes de la obra social Osecac, para la capitalización de la financiera CBI Cordubensis, que mantenía una de sus sedes en el Dinosaurio Mall.
Otro tramo de la investigación, sobre la cual el juez federal Miguel Vaca Narvaja deberá fijar posición ante el pedido del fiscal, involucra a los directivos de Toyota Financiera Argentina SA y de la concesionaria Centro Motor SA.
Tanto a Eduardo Espinelli (titular de la primera firma) como a Darío Onofre Ramonda, Darío José Ramonda (directivos de la concesionaria) se los acusa de introducir cheques en la financiera que respondían a presuntas ventas de automóviles realizadas en efectivo y que luego se habrían derivado a una cuenta en el banco Galicia, evadiendo tributar el impuesto al Cheque entre septiembre de 2010 y agosto de 2012.
Al respecto, Darío Onofre Ramonda se acogió al blanqueo de capitales lanzado por el Gobierno nacional a partir de la ley ómnibus que se aprobó en el Congreso de la Nación, por lo cual se espera saber la decisión judicial respecto a la presunta participación en los delitos de evasión fiscal que se le adjudican.