ESCUCHARLa Cámara Federal ordenó a Casanello que investigue a los funcionarios que le dieron dinero al empresario para obras públicas. Mientras tanto, la Policía Federal realizó inspecciones
en Santa Cruz
La sala II de la Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento con prisión preventiva de Lázaro Báez por lavado de dinero y ordenó al juez federal, Sebastián Casanello, investigar a los funcionarios que le dieron a áquel unos 650 millones de dólares en obras públicas.
Aunque no nombró a la ex presidenta Cristina Fernández, el fallo dice investigar a todos los funcionarios que dieron los contratos, en alusión al ex ministro de Planificación, Julio de Vido y a la ex mandataria. En el caso de ésta, del fallo se presume que podría haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El tribunal de Alzada, en cambio, no decidió si aparta a Casanello de la causa de la denominada “ruta del dinero K”, a la espera de las pericias que ordenó para determinar si es cierto que el juez se reunió con la ex presidenta en Olivos, tal como afirmó el dueño de Austral Construcciones. En una extensa resolución, la sala integrada por los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah confirmó también el embargo de 100 millones de pesos sobre los bienes del empresario y la inhabilitación de sus cuentas bancarias, entre otras medidas dispuestas por Casanello.
La confirmación es en el primero de los dos procesamientos que Casanello dispuso contra Báez, su contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco sólo por el lavado de 5,2 millones de dólares a través de la cueva financiera conocida como “La Rosadita” a fines de 2012. Otro segundo procesamiento por la repatriación y presunto blanqueo de 33 millones de dólares de Báez está pendiente de resolución.
La semana que viene Casanello tiene previsto indagar a los cuatro hijos de Báez por una cuenta en Suiza de la fundación Kinsky con 25 millones de dólares.
Allanamientos múltiples
Mientras tanto, en la tarde de ayer Policía Federal realizó allanamientos simultáneos en Santa Cruz, que incluían dependencias de los gobiernos provincial y municipal, para secuestrar documentación vinculada con la sociedad Los Sauces, de la familia de la ex presidenta, en el marco de una causa por presunto lavado de activos de origen ilícito.
Por orden del juez federal porteño Claudio Bonadio, los efectivos ingresaron a la inmobiliaria Sancho San Felice, donde trabajaba Máximo Kirchner hasta que asumió como diputado nacional.
También buscaban información en dos complejos de departamentos situados en Mariano Moreno al 800 y en Alvear y Tucumán, en el centro de la capital, que fueron construidos por la empresa Austral, de Lázaro Báez, y serían propiedad de Los Sauces. Asimismo, la prensa constató el ingreso de personal de Policía Federal en la Gobernación de Santa Cruz y en el edificio de la Municipalidad de Río Gallegos.
Tras los allanamientos, Cristina criticó en su cuenta de Twitter a los medios, jueces, al presidente Mauricio Macri y denunció “abuso de poder y persecución política” contra su persona.
