ESCUCHARLa libertad de prensa es uno de los pilares de las democracias modernas. Más allá de las discusiones en torno a su alcance, ningún país que se precie de ser democrático avala que se calle, de la forma que sea, la voz del periodismo. Noam Chomsky ha dicho al respecto que
“Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto”.
Sin embargo, muchas veces los gobiernos usan mecanismos que, si bien no atentan directamente contra este derecho, afectan -o lo intentan al menos-, la libre expresión de los medios de comunicación. Tal vez éste sea una de las deudas que nuestros legisladores tienen para con nosotros los ciudadanos, ya que es habitual el reclamo de una ley que regule de manera trasparente y equitativa la distribución del dinero público a estos efectos.
Uno de los mecanismos que se suele usar en este propósito es la distribución arbitraria del dinero de la pauta oficial. Aun a riesgo de parecer obvios, refresquemos algunos conceptos: en una democracia, la parte del presupuesto destinada a la publicidad de los actos de gobierno se distribuye conforme la capacidad que tengan los distintos medios y programas para comunicar información pública relevante, la cual es toda aquella que hace que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Abarca dicho concepto, por tanto, un amplio abanico que va desde campañas de vacunación a cómo el gobierno está usando el dinero de los impuestos, entre muchos otros tópicos.
Lo que no debe hacerse con esa pauta, en un sistema democrático, es usarla como si fuera del sector que transitoriamente se halla a cargo del Estado desde el gobierno de turno. La triste tendencia histórica entre nosotros es precisamente ésa, empleándola al solo efecto de mantener poder o mantenerse en el poder, ya sea propiciando propaganda proselitista en lugar de información pública o haciendo que determinados medios dependan de ese ingreso para después forzarlos a no dar “malas noticias” para el poder de turno.
Sobre ese tema, hace pocos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicto un fallo que ordenó al Gobierno nacional que otorgue publicidad oficial a la productora del programa La Cornisa, del periodista Luis Majul.
La productora había hecho un planteo judicial al respecto, que fue rechazado en primera instancia. Apeló y la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo Federal hizo lugar al planteo condenando al Estado a que formule una distribución de pauta oficial que contemple, dentro de lo razonable, “la asignación de publicidad a los productos de la actora”. En sus fundamentos la Cámara reconoció la existencia de “un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos”, citando como antecedentes otros casos (como el de la editorial Río Negro y Editorial Perfil). El Gobierno nacional apeló esta sentencia ante la Corte, que rechazo el planteo e hizo lugar al requerimiento de la productora periodística.
No es novedoso el fallo de la Corte, por el contrario, es conteste con la doctrina que viene sosteniendo en favor de la libertad de prensa y expresión. Creemos que sería favorable al sistema democrático, de una buena vez, una ley de publicidad oficial que consagre la igualdad en las posibilidades de acceso y la pluralidad de medios a la que se dirija. Pues respetar las opiniones de los demás, nos gusten o no, en una sociedad civilizada es el mejor reaseguro para poder, al mismo tiempo, expresar las propias en iguales condiciones de tolerancia.
La posibilidad de refutar afirmaciones falsas con argumentos es el mejor remedio contra la mentira y el autoritarismo; como diría el historiador romano Suetonio “En un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la frase deben ser libres”.
* Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. **Abogado. Magister en Derecho y Argumentación Jurídica
