Los agentes públicos del Poder Judicial, sin importar su provincia o país, parece que están más preocupados por la consideración y el trato a los abogados, martilleros y demás auxiliares de la Justicia que en la razón de ser de su servicio: actor y demandado.
En oportunidad de celebrarse la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana y la VI Feria de Justicia y Tecnología, en Asunción, Paraguay, y presentar las características y beneficios de la implementación de la subasta electrónica en el proceso judicial, los interesados fueron planteando sus inquietudes, que demuestran que el foco de análisis se ha dispersado.
La representante de Costa Rica, en el espacio de preguntas del público, comentó que en su país se inició todo un proceso para incorporar la subasta electrónica, que inmediatamente fue archivado, ya que un alto porcentaje de la población no contaba con acceso a Internet, lo que generaría un trato desigual.
A esta realidad, le pregunté si no le parecía que la obligación de extender internet era del Poder Ejecutivo, ya que la misión del Poder Judicial no era brindar un trato igualitario a los interesados en las subastas sino obtener el mayor precio posible del bien subastado y así satisfacer la deuda reclamada judicialmente por una persona a otra persona. El foco no debería estar en los derechos de los interesados sino de las partes en juicio.
Otro panelista expresó que tanto la publicación en el Boletín Oficial como fijar la celebración de la subasta presencial en un día y hora laboral era, estrictamente hablando, mucho más discriminatorio porque el Boletín no es de distribución masiva, y quien trabaje en relación de dependencia no puede asistir a la subasta.
El personal Judicial del Paraguay interesado en su implementación concluyó que su gran desafío es lograr el acuerdo de los martilleros. El rol de éstos, como el del abogado y de cualquier otro profesional vinculado con el proceso judicial, es de gran importancia, y cada uno debe ser adecuadamente considerado. Ahora bien, por proteger el rol del martillero ¿puede el Poder Judicial legalizar la venta del único bien del demandado a un precio vil?
¿Ud. está de acuerdo que su casa, auto, maquinaria, se venda con 80% de descuento sobre el valor de mercado? A lo que debe sumarse que todo este proceso se realiza con fondos públicos, entre ellos con los impuestos que paga el demandado.
Los poderes judiciales iberoamericanos deberían ajustar nuevamente su foco y centrarse en su única misión: resolver ecuánimemente los problemas que dos personas no supieron componer amigablemente.
* Abogado especializado en nuevas tecnologías / [email protected]