ESCUCHAREl término “economía del conocimiento” fue acuñado en 1996 por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para dar vida conceptual a un fenómeno de cambio estructural de la economía moderna, en la cual el auge del conocimiento pasaba a tener un lugar preponderante.
La ferviente globalización sumada a los avances tecnológicos en diferentes áreas del saber ha determinado, en palabras de prestigiosos analistas, que el conocimiento como valor agregado a la producción ocupe la cúspide del sistema capitalista y se erija como principal elemento de competitividad en el mercado, a la vez de generar un aumento de bienestar social en la comunidad.
La economía del conocimiento se acrecienta de una manera exponencial, como es sabido. Uno de sus pilares viene dado por el Sistema de Patentes, favoreciendo el intercambio fluido de activos intangibles, en pos de incentivar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que determinen una mejor calidad de vida y crecimiento de un país.
Centrándonos en el aspecto histórico de estos derechos exclusivos que un Estado otorga al inventor, debemos retrotraernos a la Europa Occidental de los siglos XIV y XV. Si bien para ese entonces aún no existían las patentes tal como las conocemos en la actualidad, sí podríamos encontrar ciertos privilegios de invención, otorgados por el rey al inventor, que lejos estaban de ser un estímulo y, menos aún, que contaran con procedimientos para evitar la arbitrariedad en su concesión.
El primer privilegio de invención del que se tiene memoria fue otorgado por la República de Florencia al arquitecto Brunelleschi, reconocido por su obra central en la Cúpula de la Catedral de Florencia; el Estado le concedió el 19 de junio de 1421 el derecho, durante tres años, sobre su creación, que consistía en una barcaza con una grúa para cargar y descargar el mármol por el río.
Aunque es en Venecia, ciudad-estado de gran apogeo como potencia mediterránea en los planos económico, político y militar, donde aparece el primer atisbo de “patente” tal como la conocemos en la actualidad. Precisamente, en 1474 se dicta el “Estatuto de Venecia”, que establecía que la actividad inventiva, una vez puesta en práctica, tenía que ser comunicada al Estado para obtener protección jurídica por un plazo de 10 años.
Por su parte, en el otro lado del mundo, las primeras patentes en América fueron otorgadas por las autoridades coloniales, pero sólo luego del proceso conocido como Revolución Industrial, de la segunda mitad del siglo XVIII, en Gran Bretaña, es que la actividad inventiva empieza a tener un aceleramiento considerable en el plano mundial.
Por hacer mención a nuestro país, la primera ley sobre patentes se dicto el 11 de octubre de 1864, siendo la primera registrada una concesión a favor de Antonio Carcenac y Santiago Barrere por un invento para la conservación de cueros y sebos, que les otorgo altos royalties durante sucesivos gobiernos.
Una recorrida en los anales de la historia de las patentes nos permite reconocer la evolución de una economía centrada básicamente en bienes tangibles como la tierra, las maquinarias o la materia prima, a una economía centrada en el conocimiento que, sin tornarlas obsoletas, permite un mayor valor agregado a la producción.
