ESCUCHARHan sido vinculados con la última dictadura 129 funcionarios judiciales, 90 han sido denunciados penalmente y 53 ya fueron imputados, revela la obra que fue editada por la Universidad Siglo XXI.
¿Usted también, doctor? es el título del libro coordinado por Juan Pablo Bohoslavsky, editado por la Universidad Siglo XXI, que habla nada más y nada menos que del rol cómplice de jueces, fiscales y abogados durante la última dictadura cívico- militar argentina.
Según esta obra, que contó con la colaboración de 28 expertos académicos de diferentes ramas de las ciencias sociales, al menos 129 funcionarios judiciales han sido vinculados con alguna práctica terrorista del régimen autoritario, cantidad que representa 30% de la composición actual del fuero Criminal y Correccional de la Justicia federal. Noventa de ellos han sido denunciados penalmente y 53 están formalmente imputados. Pero hasta el momento, sólo se ha registrado una condena en firme. Es más, la tercera parte de los funcionarios judiciales actuales que han sido denunciados por las agencias del Estado, los movimientos sociales o víctimas directas continúa ocupando un puesto en la administración y se están acogiendo a jubilaciones o renuncias para evitar ser investigados y juzgados.
“El régimen se valió de ellos para legitimarse interior y exteriormente y, a cambio, ellos se erigieron como valedores de la moralidad nacional y, amparados en un ideario conservador y elitista, mantuvieron la ficción de un Poder Judicial independiente, interpretando el derecho no en función de los acontecimientos sino en la línea del control social impuesto por las juntas militares. Fueron, en definitiva, cómplices y complacientes”, remarca en el prólogo del libro el ex juez español Baltasar Garzón.
En diálogo con Comercio y Justicia, Bohoslavsky -doctor en Derecho y relator independiente de la ONU sobre los efectos de la deuda externa en los Derechos Humanos- subrayó que una “parte significativa del Poder Judicial fue activa –no sólo complaciente o apolítica– en su colaboración con el régimen”, y en ese contexto lo dividió en tres grupos.
–¿A qué se refiere cuando habla de tres grupos dentro del Poder Judicial?
– A que, por un lado, están lo que denomino los cómplices militantes que tenían especial adversión con las víctimas y comportamientos cómplices que iban desde manipular expedientes en los tribunales de Familia para fraguar la identidad de los niños apropiados hasta tomar indagatorias a detenidos que eran torturados. Se pueden mencionar los casos de Luis Miret y Otilio Romano. Era un grupo que participaba de forma entusiasta en la convalidación del accionar represivo.
Después estuvo la inmensa mayoría, que denominamos complacientes banales, quienes no investigaban no por una afinidad ideológica con la junta sino por cuestiones banales: intención de continuar ascendiendo en la carrera judicial, miedo a perder su trabajo o sufrir alguna represalia o víctimas de esta idea generalizada de que había un derecho y una constitución en pie. No investigaban pero no acompañaban al régimen. El tercer grupo fue minoritario: los pocos jueces y fiscales que tuvieron una actitud decente e independiente frente al gobierno de facto e intentaron amparar a la víctimas -pero encontramos muy pocos-.
-En el libro se cuestiona también el rol de la Justicia una vez recuperada la democracia.
–A los pocos días del golpe, todos los jueces de la Corte fueron removidos, junto al procurador de la Nación y varios jueces federales. Todos fueron remplazados. Lo que esperaba la dictadura que sucediera con la Corte fue lo que ocurrió: convalidó los estatutos de la dictadura, de hecho juraron por los estatutos y por la Constitución. La Corte tuvo dos colaboraciones principales: por un lado, convalidó el nuevo sistema jurídico que impusieron los militares, convalidó la constitucionalidad de los estatutos; y por el otro lado, no investigó los delitos que la fuerzas represivas cometían al margen de cualquier control. Convalidaba la estructura jurídica, en algunos casos represiva, como la prohibición del derecho a opción de salir del país, y por otro no investigaban los hechos. Hubo más de cinco mil hábeas corpus y sólo un puñado fue investigado.
– Baltasar Garzón asegura en su prólogo que no hubo nunca una purga real en el Poder Judicial. ¿Coincide con esa afirmación?
Hubo una purga limitada. Los jueces de la Corte fueron removidos pero muchos siguieron sus funciones. Es una asignatura pendiente de la democracia y tuvo secuelas institucionales. Eso se ha visto claramente en jueces que han dilatado o demorado causas de lesa humanidad.
En el cierre del libro, hay un pedido a la Corte para que se ponga al frente de este tema. ¿Por qué?
– Sería importante para las víctimas del terrorismo de Estado que la cabeza del Poder Judicial pida disculpas públicas y comparta algunas definiciones sobre lo que pasó en Argentina. Lo simbólico es muy importante para la sociedad en su conjunto y sobre todo para las víctimas y familiares, que recorrieron juzgados durante la dictadura preguntando el paradero de sus familiares. En 2013 lo hizo la Corte de Chile, al reconocer el rol cómplice con la dictadura pinochetista. Es una forma de reparación para las víctimas.
