ESCUCHARLo resolvió la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Se lo acusa de supuesta violación de los deberes de funcionario público. El juez Bustos Fierro había desestimado la imputación.
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó por mayoría la resolución del Juzgado Federal 1 y procedió a imputar al fiscal provincial Emilio Drazile por supuesta “violación de los deberes de funcionario público” en el marco de la investigación por la muerte del policía Juan Alós, pieza clave del “narcoescándalo”.
Con el voto de los jueces Eduardo Ávalos e Ignacio Vélez Funes (Graciela Montesi votó en disidencia) se resolvió revocar la resolución apelada, debiendo el juez federal interviniente proceder a la instrucción correspondiente.
Inicialmente, el fiscal federal Enrique Senestrari había pedido la imputación de su par provincial al entender que hubo irregularidades en la investigación que había iniciado la Justicia provincial.
Senestrari había presentado la imputación por “violación de los deberes de funcionario público”, apuntando principalmente contra el accionar del fiscal de Alta Gracia al momento de haber abierto el automóvil donde se halló muerto al oficial Alós y el haber permitido que se lavaran las prendas del policía.
Sin embargo, el juez Ricardo Bustos Fierro había desestimado esa imputación.
No satisfecho, Senestrari apeló ante la Cámara Federal, quien ayer falló -votación dividida- a favor de continuar con la imputación del funcionario judicial.
El abogado querellante, Carlos Nayi, quien acompañó la apelación ante la Cámara Federal como representante de la viuda de Alós, manifestó que “a partir de esta resolución queda firme una imputación en el tránsito de instrucción en contra del fiscal de la provincia de Córdoba, Emilio Drazile, en orden a la probable comisión del delito de violación de los deberes del funcionario público con motivos de la investigación por la muerte del oficial principal Juan Antonio Alós”.
Para Nayi, a partir de este pronunciamiento “queda al descubierto una cadena de irregularidades que merecen ser investigadas” en la muerte del policía.
El Tribunal difirió la lectura de los fundamentos de la resolución dentro de los cinco días hábiles previstos por la ley.
