El recurrente sostuvo que con lo dispuesto el a quo lo convirtió en víctima del procedimiento y que deberá soportar el costo integral de la solución aun cuando hay alternativas más equitativas. Sin embargo, la Cámara recordó que cuando hay evidencia de agresiones cruzadas en las parejas, son los expertos en la materia quienes deben evaluar la situación.
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