Las celdas de aislamiento, donde los presos considerados peligrosos cumplen sanciones impuestas por el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), fueron declaradas inconstitucionales, según lo dispuso ayer el nuevo juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja.
La decisión se conoció poco después de que culminó la audiencia oral y pública en la que Vaca Narvaja escuchó a los tres presos que lideraron la demanda en contra del “Régimen de mediana y máxima contención para internos procesados” implementado en el penal de Bouwer.
La disposición cuestionada es la Nº 780 del SPC, que rige desde 2011. Para el juez, se trata de un agravamiento inconstitucional de las condiciones de detención, por lo que declaró su inconstitucionalidad.
La novedad surgió en el marco de una audiencia pública de la que participaron los abogados de los detenidos, autoridades del SPC y representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Allí, el defensor oficial Miguel Perano, parte de la demanda del hábeas corpus, explicó que la causa se origina en el “agravamiento de las condiciones de detención, específicamente en lo concerniente a las medidas de máxima contención o seguridad”, según la denuncia de uno de los internos.
“El trato específico consiste en colocar a los internos durante mucho tiempo, aproximadamente unas 23 horas, en celdas individuales, donde permanecen encerrados”, precisó.
Si bien el origen del caso es la denuncia de un interno, se trata de una causa denominada “colectiva”, que ampara a todos los detenidos que se encuentran en las mismas condiciones y que, al momento de la inspección del juzgado dirigido por Vaca Narvaja, eran 78 presos.