ESCUCHARLas empresas advierten de que no aceptarán una nueva prórroga si no se adjudica con antelación. El Ejecutivo busca bajar aún más los costos -los oferentes ya hicieron mejoras en las propuestas-. El gremio pretende cobrar las indemnizaciones y ayer levantó el trabajo a reglamento.
Por Alfredo Flury – [email protected]
El proceso de licitación para concesionar por los próximos ocho años el servicio de higiene urbana para la ciudad de Córdoba ingresó en una etapa de fuerte tensión e intercambio de presiones con vistas a una definición y a tenor del inminente vencimiento de una nueva prórroga de los contratos con la sactuales prestatarias LUSA y Cotreco.
A un año de abiertos los sobres con las propuestas de los tres oferentes -las mencionadas LUSA y Cotreco y Transporte Olivos, del grupo Urbaser- la licitación aún no está decidida y las presiones de las partes resultan evidentes para forzar una decisión.
Por lo pronto, ayer, el Sindicato de Recolectores de Residuos de Córdoba (Surrbac) resolvió levantar el trabajo a reglamento que llevaba adelante desde el domingo a la tarde, luego de acordar con las empresas por supuesta falta de “insumos” y otras reivindicaciones.
Con todo, la medida de fuerza del Surrbac no puede desligarse del proceso de licitación del servicio en el cual los trabajadores son parte interesada.
Es que aunque no lo manifiesten de manera abierta, el sindicato está interesado en una resolución del tema que habilite el cobro de las idemnizaciones de ley para los 1.800 empleados de la Crese que luego fueron transferidos a LUSA y Cotreco en marzo de 2012, despñués de la tercerización dispuesta por el intendente Ramón Mestre.
El monto global ronda 130 millones de pesos, esto es unos 70 mil pesos por trabajador que se pagarían en seis u ocho cuotas.
Según pudo conocer Comercio y Justicia, ayer, el titular del Surrbac, Mauricio Saillen, se reunió con el secretario de Economía, Hugo Romero, para analizar la situación en general en el marco del proceso en marcha.
Entre los temas a resolver por el municipio está el financiamiento para afrontar esos pagos, que en parte podrán ser absorbidos por LUSA y Cotreco aunque luego lo cargarían en las futuras facturas por prestación del servicio.
Pero ese tema, si bien importante, es hoy anexo, a tenor de la decisión de fondo aún no tomada y que se vincula con la adjudicación del servicio.
La semana que viene, concretamente el día 13 próximo, se cumplirá un año desde que se abrieron los sobres para licitar la concesión.
Los tiempos propios del proceso y la necesidad de “acomodar” primero la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros fueron las excusas para dilatar un cronograma que hoy ya no resiste más demoras.
En ese marco, el Ejecutivo municipal decidirá a más tardar la semana que viene si adjudica o no el servicio a dos o tres de las empresas en carrera.
La decisión política es adjudicar en lo inmediato. No obstante, la demora apunta a lograr reducir aún más los costos del futuro servicio, que hoy resultan “prohibitivos” para las arcas públicas, incluso después de la mejora de ofertas presentadas por las empresas posterior a un pedido del municipio.
Las propuestas originales consolidaron un monto total cercano a 180 millones de pesos para el servicio en toda la ciudad, desde enero.
En tanto, las propuestas mejoradas apenas redujeron en poco más de 10 millones de pesos la oferta original.
En ese marco, el municipio busca adjudicar por “renglon” un servicio lejos del pretendido en los pliegos y más cercano a las prestaciones actuales.
Según pudo conocer este medio, aun así, los números no cierran respecto a la pretensión de alcanzar 110 millones de pesos mensuales, el nuevo piso impuesto para 2015 que, sumado a los costos de Cormecor y la Crese residual, deberían orillar 130 millones de pesos promedio al mes, presupuestados para el año próximo.
En ese juego de presiones, trascendió que las empresas habrían acordado entre sí una suerte de ultimátum al municipio: o adjudica antes de fin de año o no aceptan una nueva prórroga en los contratos que, ya extendidos, vencen ahora el 31 de diciembre.
“No vamos a avalar una nueva Crese”, asegura la comuna, aunque también advierte de que no será permeable a las presiones de las empresas.
Las alternativas no son muchas: o se adjudica al mejor precio posible; o se prorroga en iguales condiciones -las empresas se niegan-; o con nuevas condiciones económicas; o bien se municipaliza el servicio, esquema ya negado por la comuna.
El Ejecutivo comunal es conciente del fuerte aumento de costos y de las escasas alternativas por delante.
Por los costos, preferiría estirar los actuales contratos que cerrarán el año con en unos 90 millones de pesos mensuales.
No obstante, el intendente urge por adjudicar para cerrar cuanto antes un proceso que anunció él mismo a poco de asumir.
De hecho, aun avanzando a paso firme con la adjudicación (los contratos deben pasar por el Tribunal de Cuentas y por el Concejo Deliberante), el traspaso a las futuras prestatarias no sería antes de marzo o abril próximos.
Mestre no quiere juntar ese trámite con el proceso electoral, que para esa fecha ya va a estar en plena efervescencia y sabe que cualquier defección en el nuevo servicio será costo político para sus aspiraciones, aún inciertas.
