ESCUCHARSe trata de un predio de 8.890 hectáreas en la pedanía Quilino, donde habitan y viven de su producción agrícola y ganadera unas 50 familias. Además funciona una escuela primaria.
La producción, las viviendas, el bienestar y la subsistencia de unas 50 familias se hallan bajo directa amenaza en caso de que la Justicia avance con su decisión de rematar el viernes próximo un predio de 8.890 hectáreas perteneciente al concurso de acreedores de la empresa Feigin.
“Somos habitantes ancestrales de este campo, donde no sólo vivimos sino que también producimos. Es nuestro único medio de vida”, describió casi implorando Mario Bárcena, uno de los habitantes del lugar que se halla en riesgo de desalojo.
Junto a otros vecinos y miembros del Movimiento Campesino Córdoba, visitaron ayer Comercio y Justicia para divulgar la situación en un intento de evitar el remate. “Siempre hemos pedido la intervención de la Provincia, y durante el gobierno anterior se avanzaron los trámites con el registro de poseedores, pero ahora todo eso parece que no tiene validez”, añadió Javier González, otro de los afectados, quien se dedica a la recolección de leña y la cría de cabritos.
Lo llamativo es que en el predio funciona un establecimiento educativo, la escuela provincial Miguel de Azcuénaga, y allí además se dicta una terminalidad secundaria. “Si se avanza con esto, va a pasar a manos de un comprador una escuela, una posta sanitaria, gran cantidad de viviendas y todos los pobladores de la zona que viven desde hace varias generaciones”, completó Horacio Brito, quien se desempeña en la Dirección de Agricultura Familiar de la Nación. “Estamos a la expectativa”, dijo, señalando que esperan una nueva suspensión del remate (ya ocurrió en noviembre de 2013).
Buscan solución dialogada
Además, insisten con la conformación de una mesa de diálogo para encontrarle una solución al conflicto. “Queremos sentar a los acreedores, a la Justicia y a las familias en una mesa para poder encontrar una solución a este conflicto que ya lleva casi 20 años”.
Por el momento, el próximo paso será intentar frenar el remate del viernes próximo, ordenado por el Juzgado Civil y Comercial de 1ª Instancia y 52ª Nominación, a cargo de Sergio Ruiz. La base para la subasta es de 14,2 millones de pesos, una razón de $1.400 la hectárea, cifra bastante inferior a la cotización de mercado, que ronda 500 dólares.
