ESCUCHARCon empecinada reincidencia e innecesario retraso se conoció la ejecución presupuestaria provincial ocurrida en los primeros nueve meses de 2014, con la elevación a la Unicameral del Proyecto de Presupuesto básico a regir durante el próximo año.
En forma simultánea, la citada documentación recién tuvo estado público el viernes 15 de noviembre ppdo. En consecuencia, es bastante limitada su utilidad para encarar un análisis ponderado sobre las perspectivas futuras. Una vez más se maniobra para evitar exhibir un desequilibrio importante pues se continúa omitiendo de computar en el mencionado período lo “Comprometido” pero que no ha sido todavía “Ordenado de Pagar”.
Si bien esta franja de erogaciones aún no tienen autorización formal de pago, no es menos cierto que es parte indivisible de la ejecución ya realizada, razón por la cual implica que el Ministerio de Economía, según su costumbre, deja de considerar egresos reales del período por $2.355,6 millones. Dado que en el último trimestre se suelen elevar en forma más que proporcional los gastos, es de suponer que esa maniobra significará finalmente una cifra bastante mayor.
En la Unicameral, el ministro de Finanzas se detuvo a subrayar que se está en vísperas de un “año marcadamente electoral” y por ello ha recibido directivas para “acelerar el ritmo de las obras”.
El proyecto para el año próximo incluye con ese destino un total de $8.220 millones que, si bien supera en alrededor de 53% lo que corresponde al corriente, es de todas maneras bastante poco significativo y, aun cumpliendo con lo referido, no cambiará demasiado la muy ajustada situación de la Provincia. Prueba palmaria de ello es que para 2015 se proponen concertar nuevas operaciones de crédito por $7.300 millones, que en parte se usarán para renovar los que vencen pero también procurarán allegar nuevos fondos.
Dado que Córdoba es la provincia relativamente más endeudada del país, el tema prioritario sería operar con eficacia para revertir las consecuencias de la evidente impericia con que se viene actuando desde hace tres quinquenios. Sin lugar a dudas es cada vez más imperioso comenzar por el análisis del brete que implica el alto nivel de endeudamiento y ponerle coto.
En la foja Nº 49 se consigna un Pasivo de Corto Plazo por $4.473,4 millones, que oculta burdamente la realidad ya que a esa cifra se debe adicionar, en primer lugar, $2.355.6 millones de erogaciones comprometidas del período pero que todavía no han sido autorizadas para su pago, con lo cual se llega a $6.829 millones; pero ello no es todo pues también hay que hacer lo propio con la deuda pendiente con el Banco de Córdoba y otras de menor significación, que llevan el referido Pasivo a un total de $8.291,6 millones.
En consecuencia, el último cuadro de la foja 5 que registra un Balance Preventivo Nulo (0) constituye una caprichosa y falsa presentación que tergiversa la verdad. Aún más distorsionada aparece el Estado de Deuda Consolidada de la que se circunscriben a detallar la parte que corresponde a la Administración Central (foja Nº 51) que se diferencian entre las operaciones en moneda nacional, que asciende $5.448,9 millones, y otros $2.048,2 millones provenientes de transacciones convenidas en moneda extranjera.
La vocación por disimular la realidad aparece con nitidez al insistirse en mencionar fuera del cuadro, a modo de simple nota al pie, que la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento registra un Pasivo que asciende a $7.440,2 millones, pero con estos conceptos no se completa íntegramente el estado real. En ningún lado de la Rendición se agregan las sumas parciales correspondientes a siete agencias y ocho entidades descentralizadas, pese a que mediante el conjunto de éstas se acumula un total adicional de compromisos impagos por otros $9.245,1 millones. En consecuencia, la deuda total de la Provincia por todo concepto es, al 30 de septiembre ppdo. – en realidad-, de $32.474 millones.
Las múltiples dificultades que se afrontan quedan muy en evidencia al procurar evaluar la gestión inversora que debiera dotar en medida adecuada de infraestructura y bienes de producción para sustentar el crecimiento de la economía provincial, dado que los misérrimos importes afectados a ello traslucen la falta de criterio conductivo para sustentar un proceso de sólido desarrollo. La cifra total de Erogaciones de Capital previstas para 2014 ascendieron a $5.955,7 millones (13,4% respecto al total general), de los cuales $3.575,5 millones (60%) corresponden a Trabajos Públicos, cifras que revelan el grado de precariedad en que se desenvuelven.
Lo más preocupante es que, transcurridas tres cuartas partes del ejercicio en curso, éstos apenas se han ejecutado en la magra cifra de $1.514,3 millones, o sea 42,4% de la previsión anual que, a su vez, equivale a un insignificante 3,4% del gasto presupuestado total. Resulta obvio que en esas condiciones la Provincia no logra siquiera sustituir los bienes de uso que salen de utilización diaria por imperio del mero transcurso del tiempo. Por lo tanto, se esta viviendo un período de aguda descapitalización. Dentro de los Ingresos Corrientes, a los de origen tributario el cálculo presupuestario los estimó en $39.331,8 millones, de los cuales se habría logrado captar $31.544,8 miles, importe que equivale a 80,5% de la previsión anual. Dentro de esa cifra global, $12.539,6 miles (39,8%) devienen de la gestión recaudatoria local, mientras que las remisiones del Gobierno central, por todo concepto, llegaron a $19.005,2 miles (60,2%).
A los recursos generados por administración local se deben agregar dos subrubros indebidamente clasificados por separado. El primero bajo la equívoca identificación de “Ingresos No impositivos” y los no menos inadecuadamente mencionados como “Fondos No Tributarios”. Entre los primeros aparece la pseudo “Tasa Vial”, que la Nación ha cuestionado ante la Suprema Corte de Justicia, la cual en nueve meses permitió recaudar $519 millones y se estimó llegará hasta diciembre a $741,1 millones.
De acuerdo con su rendimiento, el impuesto sobre los Ingresos Brutos ha aportado en el transcurso de los primeros tres trimestres $9.971 millones, que equivalen a 79,5% de lo ingresado por recaudación propia, mientras en el segundo lugar, aunque a gran distancia, se ubica el impuesto de Sellos con $1.117 millones (8,9%); tras el cual, con muy modesta presencia, están el impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, con $948,9 millones (7,6%) y cerrando el respectivo cuadro, el que grava la Propiedad Automotriz con apenas $502,6 millones (4%). La falta de actualización de las bases imponibles, especialmente de los campos, los cuales muchos siguen cotizados en pocas monedas, indica más que falta de diligencia, complicidad para favorecer a sus titulares, liberándolos de las cargas tributarias locales.
En el de conjunto de gastos, surge como de máxima significación el referido al pago de remuneraciones al personal, que hasta fines de septiembre había comprometido por el período hasta ese momento transcurrido, $17.978,6 millones que cumplimentan 86,2% del total estimado preventivamente. Fácil es advertir que el residuo a ejecutar (cuarto trimestre) no podrá ser debidamente atendido sin que se realice una significativa ampliación de dicha partida. Él trepa en materia de gastos a $64.279 millones y, una vez más, se fantasea que los ingresos serán ligeramente mayores ($64.735,7 millones) pero esto, como ya se explicó precedentemente, sólo es así por omitir la franja de gastos comprometidos que todavía no han concluido todo su proceso para que finalmente sean autorizados a pagar.
Resulta obvio que no se puede esperar mejoras sustanciales y que las partidas que se destinen a atender a los meses de mayor intensificación en la inminente campaña electoral, apelando tal la tradicional de transferir partidas a ese fin, empezando por las prometidas inversiones. No obstante, de las diversas actividades, la más abultada es la Caja de de Jubilaciones, cuyo cálculo de compromisos para el año próximo es de $17.794 millones, o sea, equivalente a 27,48% de as erogaciones totales. Presenta además un déficit operativo de $1.373,7 millones que requieren acceder a un subsidio de este importe.
La prueba de ello surge de analizar los desusados incrementos en materia tributaria; cabe a la disfrazada “Tasa Vial” servir de ejemplo en ese aspecto. Para 2015, a las alícuotas vigentes se programó aplicarles incrementos que van de +50% para la nafta súper hasta 95 octanos; en el caso del gasoil, +60% y en los combustibles ultra o premium, nada menos que de +66%, aunque las acerbas críticas por semejante magnitud en dichas sobrecargas impulsaron promesas de aliviar en algo algunos de dichos incrementos, salvo el del gasoil que en realidad representa más de 90% de los montos comercializados en la provincia, siendo el gasoil el insumo que incide a su vez en los costos industriales, de transporte y agropecuarios.
La vigencia o posible derogación de la Tasa Vial depende de un fallo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene demorando ya más de dos años; si aquélla se declarara inconstitucional, la pérdida de ingresos, según lo estimado sólo para 2015 sería $1.072 millones, que harían un peligroso “agujero” en la recaudación. Se trata de un tema de “pleno derecho” que además viene suscitando cada vez mas críticas y sobre lo cual el más Alto Tribunal debería expedirse prontamente. Resulta más que evidente que esa mora judicial es la que ha dado pie a que se materialicen alzas en el nivel de la Tasa Vial que, desde su origen en 2012, se ha más que duplicado.
El proyecto de Presupuesto incluye ciertas actualizaciones en valuaciones mediante la corrección y/o subas de facturación indispensables para tener derecho a gozar de descuentos y exenciones; mientras el impuesto Inmobiliario Rural subirá, después de largo tiempo retrasado, en una media de 38%; mientras el Urbano se admite que puede llegar a hacerlo hasta 100% recayendo sobre 52% de las unidades según su ubicación y valor intrínseco, pero no sufrirán agravamiento de cargas 48%, las más modestas. El referido ajuste, según la visón del informante, fue denominado “sectorizado” y circunscripto al impuesto Inmobiliario Urbano.
Por separado, tratándose de una empresa del Estado, EPEC elevó un proyecto de gestión que estima requerirá erogaciones por $10.090,3 millones y prevé su total cobertura mediante la generación de recursos por $10.184,1 millones. Como datos adicionales, se debe tener en cuenta que su personal está integrado por 3.822 funcionarios y empleados. Pero quizá la mejor noticia es que la Nación ha aceptado negociar una renovación y ampliación de plazo para atender al saldo aún pendiente de la deuda contraída para construir la nueva Usina de Pilar.
En suma, se trata de un Proyecto muy circunscripto a lo esencial, que no podrá coadyuvar a despertar esperanzas de ser funcional a la aceleración de la actividad general, teniendo en cuenta que nuestra Provincia exhibe el mayor índice de desocupados absolutos (11,6%) entre las 24 jurisdicciones que conforman el país.
