ESCUCHAREl Centro de Admisión, Evaluación y Derivación (CAED) de Córdoba Capital volvió a quedar en medio de la polémica al conocerse un duro informe en el que se denuncian las condiciones infrahumanas que padecen los jóvenes que allí son alojados.
Las conclusiones fueron elaboradas por legisladores y profesores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) tras una visita sorpresiva que realizó este grupo al lugar en mayo pasado.
De acuerdo con el informe, el centro de menores no reúne los requisitos de calidad en cuanto a dimensiones, higiene, luz y aireación. Se denunció también que los chicos no realizan actividades educativas y recreativas. Pasan la mayor parte del tiempo encerrados en las celdas, de dos metros por tres. No tienen comunicación telefónica con sus familiares y pueden recibir visitas sólo de personas mayores dos veces a la semana.
“Es fundamental que se amplíen los horarios, actividades al aire libre, que puedan estar en mayor contacto con los espacios distintos a las celdas. Que sea mayor el tiempo asignado para bañarse, almorzar, etc.”, remarca el informe.
Otro de los puntos sobre los que llaman la atención los profesionales es la presencia de menores de 16 años, inimputables.
“Es urgente sacar a los niños menores de 16 años de todo tipo de instituto correccional ya que esta situación constituye una violación flagrante de la ley. Se trata de menores inimputables que bajo ningún punto de vista pueden estar privados de su libertad. El Estado provincial debe generar las medidas necesarias a implementar para esta población en el caso de que se encuentren vulnerados sus derechos según los principios normativos, pero nunca recurrir a la privación de libertad”, advirtieron.
“Todo solucionado”
Los legisladores Roberto Birri, Adela Coria y Omar Ruiz, y las abogadas Marysel Segovia y María Eugenia Valle, del Programa Universidad, Sociedad y Cárcel, conformaron el equipo que visitó las instalaciones del CAED, luego que el juez de menores José González del Solar hiciera lugar a un hábeas corpus correctivo presentado por un grupo de asesores letrados para mejorar ese centro de menores.
En contrapartida, la directora de Asuntos Legales de la Subsecretaría de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia de Córdoba, Delicia Bonetta, aseguró a Comercio y Justicia que desde mayo hasta la actualidad la situación cambió “totalmente”.
Para la abogada, “no hay nada que impida a los menores estar alojados allí” porque después del 23 de mayo concluyeron las obras de refacción en el edificio. “Se arreglaron los baños, se habilitó el segundo comedor y obras de esa naturaleza”.
Bonetta informó además que estos arreglos se realizaron en un plazo inferior al que les había dado como máximo González del Solar. “Nos dieron 90 días y las obras las realizamos en 40 días”, se justificó.
A pesar de las refacciones, la funcionaria admitió que “hay cuestiones edilicias estructurales por antender”. En ese sentido, remarcó que ya se confeccionaron los pliegos del programa provincial que estará destinado a refuncionalizar todos los institutos de menores de la provincia. Según estimó, la inversión para ello deberá ser superior al medio millón de pesos.
