ESCUCHARAún no está decidido dónde. Su construcción puede demorar dos años. Mientras tanto, se trabaja en un convenio para evitar que el Servicio Penitenciario Federal se haga cargo del traslado de los detenidos, cuando se cumpla el plazo fijado por Córdoba. Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
El conflicto suscitado entre la Provinica y la Nación por el traslado de los presos federales parece haber llegado a su fin y derivó en la reactivación de un viejo proyecto para que Córdoba cuente con una cárcel que albergue a los internos del fuero federal.
Ayer se difundió la noticia de que el Ministerio de Justicia de Córdoba continuará prestando aquel servicio por el plazo de 45 días hábiles o hasta que sea instrumentada por otra fuerza.
La decisión fue adoptada por la ministra de Justicia, Graciela Chayep, a pedido de su par nacional, Julio Alak, con quien trabaja por estas horas en un convenio de colaboración (hoy no hay acuerdo alguno) y un protocolo para el traslado de los internos.
Según pudo conocer Comercio y Justicia, la intención de la Nación es que, cumplido el término estipulado, la tarea siga bajo la órbita del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). Si bien en una primera etapa se pensó en que una delegación del Servicio Penitenciario Federal (SPF) podría hacerse cargo del servicio, fueron muchos los operadores judiciales que advirtieron sobre la complejidad del traslado de los detenidos. En ese marco, una alta fuente judicial adelantó a este diario que la idea es que se firme “un convenio con la Provincia para que siga con los traslados hasta tanto se construya la cárcel federal”.
El proyecto de la construcción de ésta -un módulo- para que albergue a los presos federales cordobeses no es nuevo, incluso fue presupuestada en varias ocasiones pero nunca se logró avanzar.
“Parece que ahora la intención es firme y tienen el dinero”, agregó a este diario otra fuente con estrecho vínculo con el ministro Alak. El predio donde se erigirá el nuevo establecimiento carcelario aún no está decidido. No obstante, todo indica que la Provincia donará el terreno y la Nación, los fondos para su contrucción.
Cuando comenzaron las tratativas, durante la gestión del entonces ministro de Justicia, Luis Angulo, entre las opciones que se manejaban estaba la de utilizar parte del predio del Complejo Carcelario Francisco Luchesse – Bouwer- o un lote colindante a la cárcel de la ciudad de Río Cuarto.
Respecto al monto que puede significar la edificación de la nueva cárcel – que demandarí dos años de trabajo-, las cifras superaran 80 millones de pesos.
Hábeas corpus
Por otra parte, la Cámara Federal de Córdoba y el juez federal Aljandro Sánchez Freytes deben resolver hoy sobre un habeas corpus y un amparo que habían interpuesto, respectivamente, las defensorías de San Francisco y de Córdoba solicitando que la Provincia siga garantizando el traslado de los internos. La decisión se divulga hoy, pero derivará -seguramente- en una cuestión abstracta, toda vez que en los hechos el servicio continuará en manos del SPC.
Los acuerdos
– En total, son 450 los presos federales que están bajo la órbita de la Provincia de Córdoba.
– Desde hace años la Nación tiene un convenio rubricado con Córdoba para que se haga cargo del alojamiento y la comida de los detenidos. Según la Provincia, por ese concepto la deuda asciende a $90 millones.
– Hasta hoy, el traslado de los detenidos se hacía sin convenio y a Córdoba no se le pagaba concepto alguno.
