ESCUCHARHugo Cardozo celebró que la Justicia declarara lo ocurrido crimen de lesa humanidad y solicitó que se esclarezca la responsabilidad que tuvieron en el hecho funcionarios civiles.
Hugo Cardozo, sobreviviente de la masacre que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) perpetró en marzo de 1978 en la cárcel de Villa Devoto (Capital Federal), celebró que la Justicia haya declarado el caso delito de lesa humanidad, y opinó que debe investigarse la responsabilidad que algunos funcionarios civiles tuvieron en los hechos.
“Hubo autores materiales de aquella masacre y deben ser castigados, pero no hay que olvidarse de los funcionarios judiciales que no actuaron como correspondía y que encubrieron los hechos”, señaló.
Cardozo tenía 19 años y estaba alojado en el pabellón 7 de la cárcel de Devoto cuando el 13 de marzo de 1978, agentes del SPF ejercieron un brutal castigo colectivo contra los detenidos por una supuesta falta disciplinaria que se habría producido la noche anterior. Los guardias reprimieron a tiros y en medio de las refriegas con los presos se generó un incendio en el que perecieron 64 personas -al menos ése es el número de víctimas reconocido de forma oficial.
“Este caso se investigará ahora como delito de lesa humanidad y se va a conocer toda la verdad. Hubo muchas más víctimas en esa represión”, apuntó Cardozo.
Decisión
El viernes pasado, la Sala I de la Cámara de Apelaciones declaró la “masacre de Villa de Devoto” delito de lesa humanidad.
De esta forma, el tribunal revirtió la decisión que había tomado el juez Daniel Rafecas, quien rechazó a principios de año que el caso se investigue como un crimen imprescriptible.
La Sala I dispuso que Rafecas, juez a cargo de la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército, inicie un proceso de lesa humanidad, ya que el SPF se encontraba bajo órdenes de esa fuerza en 1978.
“Sentí una alegría enorme cuando me dieron la noticia. Pienso que es el final de una etapa y el comienzo de otra en la que haremos justicia después de tantos años de impunidad”, remarcó Cardozo, quien actualmente trabaja como empleado público en la Provincia de Buenos Aires. Cardozo comenzó a peregrinar en busca de justicia hace más de una década, hasta que una nota periodística que le hizo un diario de La Plata (ciudad donde reside) cuando se cumplieron 30 años de los hechos y la película “El Túnel de los Huesos”, del realizador Ignacio Garassino, contribuyeron a darle visibilidad al caso.
“Anduve por todos lados buscando respuestas que no me dieron. Todo empezó a moverse con esa nota y después con la película de Nacho, que cuenta la historia de una fuga en Devoto. Haciendo un túnel, los presos se encontraron con restos humanos que seguramente eran de mis compañeros”, repasó. Y agregó: “A través de Nacho me contacté con la abogada Claudia Cesaroni. Nos reunimos en una confitería en septiembre de 2011 y comenzamos militar esta causa con el objetivo de hacer justicia”.
Equipo
Cesaroni, abogada penalista y escritora, impulsó la formación de un equipo de investigación que se propuso tres objetivos: señalizar la cárcel de Villa Devoto como un lugar en el cual se cometieron delitos de lesa humanidad; escribir un libro sobre el caso (Masacre del Pabellón 7), y presentar una denuncia judicial.
“Fueron tres años muy duros. Hubo altibajos, cosas que tuve que revivir que me hicieron daño. Siento que ahora, gracias a lucha que dimos con el colectivo que formamos, podemos ir por la verdad”, subrayó Cardozo.
Los principales acusados en la denuncia que presentó el colectivo legal encabezado por Cesaroni son el coronel Jorge Antonio Dotti, jefe del SPF en 1978; el prefecto Juan Carlos Ruiz; al alcaide mayor Horacio Galíndez; y el subalcaide Víctor Dinamarca, represor en el centro clandestino de detención El Vesubio.
Además, se solicita revisar la actuación que tuvieron ante la masacre los tres funcionarios judiciales que actuaron en la instrucción de los hechos. Se trata del juez Guillermo Rivarola; su entonces secretario, Enrique Guanziroli, y el fiscal Julio César Strassera -quien lideró la acusación en el Juicio a las Juntas, en 1985-.
“Son tres integrantes del Poder Judicial que no hicieron lo que debían ante esta matanza. No constató que hubo heridas de balas. Me parece que la democracia no puede haber funcionarios relacionados con violaciones a los derechos humanos”, puntualizó.
