ESCUCHAREl Gobernador ofreció terrenos ubicados en el actual servicio penitenciario de esa ciudad. La otra posibilidad es Bouwer. La Nación financiará la totalidad de las obras y la Provincia
aportará el suelo. Hay casi 400 presos federales en Córdoba.
Por Silvina Bazterrechea -. [email protected]
Las gestiones para la construcción de un espacio que sirva para alojar a los casi 400 presos federales que se encuentran detenidos en la provincia de Córdoba están más avanzadas que nunca y, esta vez, todo hace pensar que su edificación podría ponerse en marcha próximamente.
Fuentes consultadas por Comercio y Justicia indicaron que el gobernador José Manuel De la Sota y el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, han mantenido en las últimas semanas reuniones en Buenos Aires con el objetivo de resolver dónde podrá construirse el establecimiento carcelario, financiado en su totalidad por el Gobierno nacional.
Las alternativas que se manejan son dos: los terrenos ubicados en el predio de la cárcel de Bouwer o los aledaños a la de Cruz del Eje. Según pudo conocer este medio, el Gobernador preferiría estos últimos, entre otras cosas porque aportarían fuentes de trabajo a los vecinos del lugar. Sin embargo, habida cuenta de que la mayoría de los presos federales que hoy está detenida en la provincia tienen su domicilio en la ciudad de Córdoba, una cárcel en Cruz del Eje podría no ser la mejor opción.
El proyecto prevé que la Provincia de Córdoba aporte los terrenos para la construcción de la unidad carcelaria, que podrá demandar un promedio de dos años.
Menos gastos
Que la Nación edifique una cárcel federal es muy bien visto por la Provincia, puesto que permitirá eximirla de pagar los gastos de alojamiento y comida de los presos nacionales que se alojan en los establecimientos penitenciarios de Córdoba, que hoy son devueltos por la Nación a cuentagotas.
A esto hay que sumarle que la Cámara Federal de Casación Penal tiene en carpeta tres fallos en los que el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba ordenó que se pague a los presos federales que trabajan en la cárcel el salario mínimo, vital y móvil. De confirmarse dicho criterio y hacerlo extensivo a todos los detenidos federales, el costo sólo por este concepto asciende a 500 millones de pesos anuales, que deberá pagar la Provincia y luego ser girados por la Nación.
Para el Gobierno nacional, en tanto, tener una cárcel en Córdoba también es positivo. Cabe recordar que desde hace algunos meses el traslado de los presos federales lo lleva adelante personal del Servicio Penitenciario Federal. Para ello, la Nación debió alquilar un inmueble y pagar salarios y viáticos a sus agentes que no viven en Córdoba y vinieron para realizar esta tarea.
