Cuánto le cuesta, a la sociedad y a la economía, la inseguridad que vivimos es una pregunta que sólo admite respuestas tentativas. Lo que se halla fuera de toda discusión es que supone uno de los principales azotes a la buena marcha de ambas áreas.
Por Luis Carranza Torres (*) y Sergio Castelli (**) – Exclusivo para Comercio y Justicia
Así como “La guerra es una cosa demasiado seria para confiársela a los militares”, según diría Georges Clemençeau, en relación con lo que estamos hablando, la seguridad es una cosa demasiado seria para dejársela a la policía. O, inclusive, a ese juego tan egoísta en que se ha convertido la política.
A la policía no la dirige el jefe de policía (quien, por las referencias que tenemos, es un buen tipo, según nos dicen). Pero es un lugar tan común como inexacto pensar eso. Es una responsabilidad primaria del gobernador, por imperativo constitucional (art. 144 inc. 16 de la Constitución de Córdoba). Primaria pero no exclusiva. Los fiscales de Instrucción y los jueces de Control tienen su rol crucial y poco se dice de ellos. O se indaga respecto a su eficiencia.
No es el único de los lugares comunes. Tampoco la inseguridad se combate, al menos de forma efectiva y definitiva, con más policía en la calle. Ayuda a bajar la sensación de inseguridad pero no soluciona el problema. El delito reconoce causas estructurales y sólo atacándolas se consiguen resultados.
Otra aberración en la materia es conectar pobreza con delito. Más veladamente, menos veladamente, cuando se habla de la cuestión social, de la exclusión económica, se está diciendo eso. Y nos parece insultante, lo diga quien lo diga. Los pobres no son delincuentes. Sí lo fueran, aun en un porcentaje mínimo, estaríamos prendidos fuego. Lamentablemente, somos una sociedad con no poca pobreza. La marginalidad, en cambio, sí es causa de delito. Y marginalidad, como sabemos todos, ocurre en cualquier nivel sociocultural. En los pasados saqueos de diciembre de 2013, se vio a personas llevándose lo ajeno en 4×4. En el caso de la financiera CBI y otros episodios varios de “cuevas” y financieras irregulares, que existieron y existen pero no han tenido tanta prensa, ninguno de los involucrados vive en un asentamiento de emergencia. Todo lo contrario. Y eso también es inseguridad.
En tanto Córdoba corre a parecerse al Gran Buenos Aires, en el ámbito nacional el crimen organizado, apañado por sectores públicos y privados, corre a convertirse en la primera amenaza de nuestra libertad y nuestra democracia. Y no se reacciona. Esperemos no terminar como Colombia en los 80 o como el México actual. Es cierto que estamos lejos de esos escenarios. Pero en el mundo móvil de nuestros días el problema es que los errores o la desidia en la materia son una forma rápida de llegar.
El principio básico en la materia es, desde la prehistoria al presente, el mismo: a) saber a dónde ir; b) un sistema efectivo de asignación de responsabilidades; c) una organización de seguridad con medios para llevarlo a cabo; d) una cabeza que lo dirija, sabiendo hacerlo.
Y saber a dónde ir es atacar las causas estructurales. Decomisar motos es como tomar una antigripal: baja el síntoma, lo encubre, pero la enfermedad sigue allí. Lo mismo que centrar las acciones antidrogas en los consumidores o dealers de poca monta. Si se roban autos es porque existen desarmadores para reducirlos. Si hay droga en la calle es porque se la “cocina”. Se puede tener mejor nivel de seguridad, pero eso implica atacar el “aparato logístico” del delito, que existe. Lo que trae aparejado dejar de lidiar con perejiles y lidiar con el “negocio” de lo ilegal. Y con las pymes -y no tanto- que lo regentean.
La seguridad es un tema demasiado importante como para las frases comunes, los dichos de ocasión en la tribuna y las medidas simplemente paliativas. La sociedad civil debe tomar en cuenta eso.
* Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas.** Agente de la Propiedad Industrial.